La Delegación del Gobierno ha anunciado este lunes que, a través de la Abogacía del Estado en Baleares, ha retirado los recursos contencioso administrativos interpuestos en su momento en contra de los acuerdos del Consell de Mallorca y de los ayuntamientos de Palma, Andratx, Campos, Alaró y Santa Eugènia sobre el complemento retributivo de carrera horizontal de los empleados públicos de estas corporaciones locales, la denominada carrera profesional.

La nueva delegada del Gobierno, Rosario Sánchez, solicitó el pasado día 27 de junio a la Abogacía del Estado en Baleares que se interesara en iniciar los trámites para el desistimiento de todos estos procedimientos. De esta manera, Sánchez cumplió la voluntad que manifestó en su toma de posesión del cargo.

Delegación de Gobierno ha explicado en un comunicado que la Ley 52/1997 de Asistencia Jurídica del Estado e Instituciones Públicas establece el procedimiento para que la Abogacía del Estado en Baleares desista de acciones o recursos.

Así, se precisa una autorización expresa por parte de la Abogacía General del Estado que, previamente, ha de recabar un informe de los organismos correspondientes que contenga los motivos jurídicos que fundamentan la disposición de la acción procesal.

SÁNCHEZ OBTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA DESISTIR DE LOS RECURSOS

La delegada del Gobierno ha cumplido con este procedimiento y la Abogacía del Estado en la comunidad ha obtenido este lunes la autorización expresa para desistir de los recursos presentado contra el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Palma, Andratx, Campos, Alaró y Santa Eugènia, con los informes previos favorables por parte de los ministerios de Política Territorial y Función Pública, y de Hacienda.

Los motivos jurídicos expuestos en estos informes, que fundamentan la retirada de los procedimientos, se centran en que no consta que las retribuciones de la carrera profesional de estas corporaciones locales supongan infringir la masa salarial global establecida para los trabajadores públicos en los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, en las motivaciones para el desistimiento también se señala que, con la entrada en vigor el pasado 27 de junio de la Ley 6/2018 por la que se modifican diversas normas del ordenamiento jurídico de Baleares, ya ha quedado regulado en la normativa autonómica el acceso a la carrera profesional.

La delegada ha informado de las acciones realizadas a los responsables de las administraciones implicada, así como a los de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores públicos en estos recursos.

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