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La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha asegurado este lunes en sede judicial que realizó el máster de Derecho Autonómico durante 2012 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y que defendió su Trabajo de Fin de Máster (TFM), según han indicado fuentes jurídicas.

Así lo ha detallado durante su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid por el conocido caso ‘máster’ que indaga posibles irregularidades en sus estudios, y que se ha prolongado durante una hora y media.

Tras su comparecencia, la titular del juzgado Carmen Rodríguez-Medel mantiene la condición de investigada de Cifuentes por presuntos delitos de prevaricación administrativa, cohecho impropio y falsedad documental.

En su declaración, Cifuentes ha respondido a preguntas de la juez, de la Fiscalía y de su representación legal y ha ahondado en su versión inicial de que ha cursado los estudios y que defendió su Trabajo de Fin de Máster, tal y como ya señaló en sede parlamentaria.

No obstante, ha insistido en que no encuentra la copia de dicho trabajo y ha aludido como razón explicativa de ello en que desde este periodo ha acometido diversas mudanzas.

Las mismas fuentes indican que la expresidenta ha explicado en su comparecencia que tenía dispensa para no acudir a las clases del máster y que su único interlocutor fue el director de estos estudios de postgrado, el catedrático Enrique Álvarez Conde, también investigado en la causa.

En este sentido, ha comentado que registró el TFM y que acudió a defenderlo el 2 de julio de 2012. Al respecto, Cifuentes ha señalado que en dicha defensa se dedicó a defender el contenido de ese trabajo y consideró que era un trámite más y que el acto se desarrolló de manera “informal” en la propia sede del Instituto de Derecho Público (IDP).

También ha detallado que, aparte de estar dispensada de ir a clase, no realizaba exámenes sino trabajos sustitutivos (que según ha relatado eran muy sencillos, de cinco o diez folios de extensión) y que le convalidaron varias asignaturas. En este sentido, ha ahondado que mandaba esa documentación por mensajero o colaborador que se remitía al casillero del propio IDP, en lugar de correo electrónico.

Respecto al abono de la tasa para poder matricularse por segunda vez en dos asignaturas de dicho máster (que fueron las que se cambiaron de no presentado a notable), la exmandataria regional ha señalado que le llegó un cargo por parte de la universidad y que simplemente se limitó a abonarlo sin darle mayor importancia.

A su vez, ha defendido que el famoso acta del TFM que mostró a los medios de comunicación y que luego, según comentó Álvarez Conde, se trataba de una reconstrucción, fue la documentación que se le remitió desde la universidad y que la dio por buena.

Además, ha asegurado que no se presionó a nadie para que le remitieran dicho acto sino que fue la propia institución quien se la proporcionó.

Por otro lado, ha aclarado que apenas conocía a la funcionaria de la URJC que cambió las notas, Amalia Colange, y recuerda que tenía alguna relación con su hermana, que trabaja en la misma institución, pero que no se acordaba de ella hasta que saltó la polémica por el caso máster.

NO SABÍA QUE CASADO HABÍA HECHO EL MÁSTER

Otro aspecto que ha salido a colación durante su declaración es si conocía que el recién elegido presidente del PP, Pablo Casado, estudió anteriormente el mismo máster. Sobre este punto, Cifuentes ha señalado que no conocía ese extremo y que luego lo supo ante las informaciones periodísticas al respecto. Misma respuesta ha dado en el caso del exedil del PP en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Calvo, que figuraba como estudiante del máster.

También ha asegurado en su intervención que realizó el máster porque se lo “recomendó” Dionisio Ramos, que también figura como alumno del polémico máster y que es amigo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Diversas fuentes jurídicas han señalado que Cifuentes se ha mostrado “tranquila” y con actitud “colaborativa” durante su comparecencia en sede judicial. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido este lunes después de que el pasado día 26 de junio no lo hiciera alegando enfermedad, en concreto, migrañas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido al juzgado con escolta policial y ha accedido a los juzgados de Plaza Castilla por el garaje.

Al respecto, un informe del Ministerio del Interior recoge que la expresidenta puede disponer de escolta de forma “circunstancial” por motivos de seguridad, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad lo consideren oportuno, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras de este protocolo.

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