Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo han coincidido en su petición de explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, anunciara ayer que se iba a abordar el acercamiento de los presos de la banda terrorista ETA y la transferencia de la política penitenciaria a través de la creación de grupos de trabajo.

No obstante, el Gobierno ha matizado hoy que estos grupos servirán para reducir la litigiosidad entre la Comunidad Autónoma y el Estado y para estudiar el traspaso de más de 30 transferencias aún pendientes.

Las asociaciones detectan “mensajes contradictorios” entre Moncloa y el Ministerio del Interior, por ejemplo cuando el presidente Sánchez habla, sin ofrecer más detalles sobre su composición, de grupos de trabajo, así como de “normalizar la convivencia en el País Vasco”; y, a su vez, el titular del Interior, Fernado Grande-Marlaska, insiste en el cumplimiento de la ley y el tratamiento individualizado, de acuerdo a los criterios exclusivamente técnicos de Instituciones Penitenciarias.

“No sabemos cómo se va a gestionar eso de los grupos de trabajo de Sánchez y Urkullu”, ha explicado en declaraciones a Europa Press Maite Araluce, presidenta de la AVT, para quien urge que Sánchez les reciba en Moncloa en un formato similar al de la entrevista con Mariano Rajoy el pasado 10 de mayo.

“Entendemos que puede haber acercamiento siempre que se dé el requisito de colaboración con la Justicia, que es el verdadero arrepentimiento”, defiende la presidenta de la AVT, mostrando sus dudas sobre que se vaya a incluir a las asociaciones entre los participantes de esos grupos de trabajo, si finalmente se crean.

Fuentes de Interior consultadas por Europa Press aseguran que desconocen aún cómo se articulará el anuncio de formar grupos de trabajo y se remiten a la idea esbozaba por Grande-Marlaska de que son los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y las juntas de tratamiento de las diferentes prisiones las que deben evaluar si procede, de acuerdo a la ley, el acercamiento de un preso de ETA.

Recuerdan desde Interior que la ley exige el requisito de la colaboración con la Justicia para el cambio de grado -pasar de un régimen cerrado a otro más beneficioso–, pero no para el traslado de centro penitenciario, algo que, para el caso de penados, es competencia exclusiva de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que dirige Ángel Luis Ortiz, juez que con anterioridad a este cargo fue asesor jurídico de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid.

NADA QUE NEGOCIAR CON EL PNV

El Gobierno vasco ha anunciado este martes que su secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, será “el interlocutor fundamental” con la Administración central para llegar a acuerdos sobre política penitenciaria y acercamiento de los presos de ETA.

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha enmarcado en la normalidad la disposición del presidente del Gobierno de estudiar un posible acercamiento a las cárceles del País Vasco, pero ha advertido de que los cambios en la política penitenciaria “no pueden quedar en manos” de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

“La competencia de decidir dónde cumplen condena los presos la tiene el Gobierno central, no los Gobiernos autonómicos, por lo tanto Sánchez no tiene ningún motivo para discutir ese asunto con Urkullu”, ha replicado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, para quien la decisión de crear ese grupo de trabajo es “preocupante”. “Tememos que sea el nacionalismo vasco el que quiera imponer las condiciones para que se produzca el acercamiento de presos”.

El mensaje de Covite se dirige directamente a Grande-Marlaska, recordando que es él el que apela a su “ADN de magistrado” y a los criterios estrictamente legales en los que, entienden, no caben grupos de trabajo de carácter político. “Él conoce perfectamente la legislación y el contexto del terrorismo y sabe perfectamente dónde está el límite entre el Estado de Derecho y las cesiones indecentes al nacionalismo vasco”.

La presidenta de Covite se refiere especialmente a la posible transferencia en materia penitenciaria, algo que rechazan en estos momentos: “Supondría dar las llaves de las cárceles a los nacionalistas, que antes no las querían para no ser carceleros y ahora las quieren para abrir las puertas a los presos”.

COMPROMISO DE MARLASKA CON LAS VÍCTIMAS

El pasado jueves, Grande-Marslaska citó a las asociaciones de víctimas para explicarles que se aplicará con los presos de ETA el principio de legalidad de forma individual. Tanto en declaraciones a la prensa como en un comunicado, el responsable del Interior -que apeló a su “ADN de magistrado”– subrayó que siempre tendrán presente que “la confianza únicamente puede generarse previa información y transparencia”. Es decir, respondía al temor de las víctimas de enterarse por la prensa de cualquier acercamiento.

En una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, Grande-Marlaska ha insistido este martes en el “compromiso para informar con transparencia por respeto a las víctimas”. “Desde luego”, ha dicho, “no se va a hacer nada que deba hacerse conforme a la ley por detrás de las asociaciones de víctimas”. Desde estas organizaciones avisan que el incumplimiento podría derivar en movilizaciones y protestas en la calle: “No basta con buenas palabras”.

Ante las críticas del PP y Ciudadanos, Grande-Marlaska defendió el pasado 19 de junio en el Senado que no existe “ningún tipo de componenda” sobre los presos de ETA a cambio del apoyo nacionalistas en la moción de censura que llevó a Moncloa a Pedro Sánchez. Además de criticar el “alarmismo” de estos partidos, el ministro recordó que antecesores suyos del PP como Jorge Fernández Díaz, al que no citó expresamente, sostuvieron en el pasado que “estaba en manos de ETA” poner fin a la dispersión si antes se disolvían como organización, algo que ocurrió el pasado mes de mayo.

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