La Policía Nacional ha detenido a siete personas de un grupo dedicado a estafar a personas de pocos recursos alquilándoles viviendas cuyos propietarios reales ya habían fallecido o las viviendas embargadas por los bancos.

Se les imputan varios delitos: estafa, fraudes procesales, coacciones, desobediencia a la Autoridad Judicial, falsedades documentales y alzamiento de bienes.

El cabecilla fraguó la trama alrededor de tres edificios de apartamentos ubicados en Cala Major cuyas comunidades de vecinos había presidido hace una década, motivo por el cual tenía conocimiento de que algunos de los apartamentos estaban en situación de abandono, bien por pertenecer a extranjeros que adquirieron los apartamentos en los años 80 como residencia vacacional -y que habían fallecido sin que sus herederos hicieran nada respecto a las propiedades- o bien por pertenecer a entidades bancarias que no los gestionaban.

Reformas en los apartamentos para hacer creer a los inquilinos que era el legítimo propietario

El cabecilla de la trama inició reformas en varios de los apartamentos alquilándolos posteriormente a personas de escasos recursos desde el año 2010.

Apartamentos de menos de 25 metros cuadrados pensados como residencias para cortas estancias vacacionales se convertían así en residencias permanentes, llegando en algunos casos a hacinarse familias de hasta seis miembros.

La Policía Nacional comprobó que los detenidos habían montado una instalación eléctrica clandestina e incluso un cuarto de contadores ilegal en uno de los sótanos desde el que distribuían la electricidad a los apartamentos mediante cables que discurrían por los pasillos e interior de algunos pisos, pudiendo así cortarla a voluntad para presionar a sus víctimas.

Demandas falsas contra los inquilinos

En algunos casos, ante los inquilinos morosos que no cedían ante las coacciones, los detenidos llegaron a presentar demandas contra ellos tratando de engañar a los Juzgados para hacerles creer que los arrendamientos eran legales y para que los jueces desahuciaran a los estafados que no seguían pagando cada mes y así poder estafar a nuevas víctimas.

En uno de esos procedimientos el inquilino, desconfiando que la vivienda podía no ser de los sospechosos, hizo gestiones en el Registro de la Propiedad y acreditó que el apartamento era de otras personas, acordando el Juzgado el precinto de la vivienda.

Pese a ello, los detenidos tuvieron la osadía de violentar el precinto judicial y alquilar de nuevo el piso, esta vez a una familia extranjera que se quedó estupefacta al acudir la Policía Nacional a la vivienda a comprobar los hechos y descubrir el engaño.

Demandas falsas contra los legítimos propietarios por impago de las reformas

No bastándoles el dinero obtenido ilícitamente de los alquileres, el responsable de la organización y sus secuaces, decidieron obtener la propiedad de los inmuebles de forma ilegal, demandando falsamente a los legítimos propietarios de las viviendas ya fallecidos, por el impago de las reformas, queriendo hacer creer al Juzgado que los propietarios habían solicitado las reformas en sus viviendas y que tras realizarse las mismas no les habían pagado las mismas.

Además del responsable de la organización se ha detenido a la mujer de este, a su hijo y a tres personas más por el cobro de los alquileres y por amenazar a los inquilinos morosos, llegando a dejar sin fluido eléctrico a una madre y su hija de siete años la noche antes de realizarse las detenciones y al abogado que realizó las demandas judiciales falsas.

Hasta el momento el importe que los investigadores han acreditado que habría sido defraudado por los detenidos excede los 200.000 euros, si bien la investigación sigue abierta y la Policía Nacional estima que la cifra puede ser mucho mayor, habiendo comprobado también que el hijo del artífice de la trama acumula un patrimonio inmobiliario considerable, con cuatro viviendas, varios locales comerciales en Palma y otras propiedades.

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