DPA

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, los tres exconsejeros huidos a Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig– y a Escocia -Clara Ponsatí– han interpuesto una demanda civil conjunta ante la justicia belga contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por su “falta de imparcialidad” y por “vulnerar la presunción de inocencia” de los acusados, y han pedido su recusación en España.

Así, un juez belga citará a Llarena para que comparezca el próximo 4 de septiembre frente a un tribunal francófono de Bruselas por dicha demanda, si bien no es obligatorio que se persone al tratarse de una causa civil. “El juez Llarena actua sin imparcialidad y guiado por motivaciones políticas”, ha declarado Puigdemont en videoconferencia durante una rueda de prensa en Bruselas junto a los exconsejeros y los abogados que los representan.

La acción judicial en Bélgica tiene consecuencias en España, ha explicado Comín, que ha anunciado que también han planteado la recusación de Llarena ante el Tribunal Supremo-que podría suponer el abandono de éste como juez instructor de la causa del ‘procés’–, ya que el hecho de tener “una causa pendiente” con “una de las partes” es “motivo suficiente” para que sea apartado del caso, según el artículo 219.8 de la Ley del Poder Judicial.

Esta demanda ha sido presenta por la vía civil por lo que no se reclamarán penas de cárcel para el magistrado del Tribunal Supremo, sino que pague una “multa simbólica” de un euro “para reparar el daño causado”, ha explicado uno de los abogados belgas de los exconsejeros, Christophe Marchant, quien, junto a los exconsejeros, ha estado acompañado en rueda de prensa por los otros letrados que han presentado la demanda: Michèle Hirsch, Paul Bekaert y Katelijne Van Bellingen.

“El juez no se ha limitado a escribir una serie de posicionamientos que consideramos que ponen de manifiesto que estamos perseguidos por nuestras ideas políticas”, ha dicho Comín, “sino que también lo ha hecho fuera de los tribunales”, en referencia a unas declaraciones que Llarena hizo a la prensa tras una conferencia en Oviedo el pasado febrero.

Por ello los exdirigentes catalanes creen que se ha vulnerado su “derecho a un juez imparcial, a un proceso judicial equitativo, justo y a la presunción de inocencia”, ya que Llarena ha expresado públicamente “opiniones personales” que ponen de manifiesto “sus prejuicios”.

“Hasta ahora nuestra defensa había ido estrictamente focalizada en evitar la extradición pero aconsejados por nuestros abogados creemos que hacen falta acciones legales más robustas”, ha explicado Comín.

DIÁLOGO CON EL NUEVO GOBIERNO

La exconsejera Batet ha insistido en que “siempre hemos estado dispuestos al diálogo” y ha añadido que “evidentemente las acciones que pueda hacer el (nuevo) Gobierno para avanzar el diálogo han de tener efectos” en la situación política en Cataluña y en la de los huidos.

“Nos gustaría ver que hay alguien al otro lado de la mesa”, ha dicho Puig, que ha pedido un diálogo basado en buenas intenciones y no en “insultos”. “Esperamos que el PSOE tenga la capacidad de entender que un tribunal tras otro ha dicho que se está abusando del Código Penal”, algo que no es propio de una democracia, ha afirmado Comín.

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