La testigo protegida número 31 del ‘caso Cursach’ ha sido juzgada este jueves en un Juzgado de Palma por presuntos delitos de apropiación indebida y denuncia falsa, un procedimiento ajeno a la instrucción de la macrocausa.

Durante el juicio, la mujer ha negado los hechos y la Fiscalía ha mantenido la pena solicitada, de dos años de cárcel y multa de unos 700 euros. Además, reclama que indemnice a la víctima con 3.000 euros en concepto de daño moral.

La mujer trabajaba como mediadora de una entidad de seguros cuando la víctima acudió a ella para suscribir una póliza para su negocio.

Según el escrito del fiscal, en concepto de pago de la prima, la acusada recibió 500 euros en efectivo y facilitó a la mujer su propio número de cuenta para que abonara el segundo pago, de 423 euros. La Fiscalía acusa a la mujer de haber integrado estas cantidades en su propio patrimonio, por lo que la póliza de seguro no llegó a suscribirse.

La entidad aseguradora tuvo conocimiento de este cobro por parte de la acusada, que tuvo que pagar el importe adeudado para que fuera rehabilitado en la póliza. Igualmente, finalizó su relación laboral con la aseguradora.

Además, posteriormente la acusada denunció ante la policía a la víctima “con conocimiento de su mendacidad”, según la Fiscalía. En dicha denuncia, la mujer sostenía que había prestado 4.500 euros a la víctima y que como no se los devolvía le había reclamado su reintegro.

En esta denuncia la mujer acusaba a la víctima de haberle amenazado a ella y a su hijo. Además, aludía a la existencia de la póliza de seguro que según la ‘madame’ “la prima correspondiente no había sido abonada porque los recibos del banco se devolvían”.

La denuncia siguió su tramitación en el Juzgado de Instrucción número 4 pero la ‘madame’ finalmente terminó renunciando a la continuación del juicio en 2015, por lo que la otra mujer fue absuelta.

En el interrogatorio, la mujer ha negado las acusaciones. Se trata de una testigo protegida en la macrocausa que declaró sobre la existencia de un prostíbulo al que acudían políticos y policías supuestamente a cuenta del empresario Bartolomé Cursach.

También es la testigo que intercambió mensajes con el que fue el juez instructor del ‘caso Cursach’, Manuel Penalva, unas conversaciones que tras trascender públicamente provocaron que varias defensas plantearan la recusación del magistrado. Finalmente fue apartado del caso por pérdida de apariencia de imparcialidad.

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