El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha anunciado que este viernes presentará en nombre de la Cámara catalana una denuncia contra “los jueces del Tribunal Supremo que han vulnerado” los derechos políticos de los presos soberanistas.

Lo dijo el jueves en un acto de la Fundació Josep Irla de ERC, y esta denuncia supone materializar un acuerdo de la Mesa del Parlament del pasado mes de abril, que tomó después de que el juez del TS Pablo Llarena denegara por segunda vez a Jordi Sànchez acudir a su debate de investidura.

El presidente presentará la denuncia en el propio Supremo y lo hará contra Llarena y los tres magistrados de la sala de apelaciones porque entiende que sus acciones podrían ser constitutivas de los delitos de detención ilegal (artículo 167 del Código Penal), vulneración de derechos fundamentales (art.542) y prevaricación judicial (art.446).

“En la defensa de los derechos políticos y los derechos civiles no nos podemos mover ni un milímetro. Mañana presentaré en nombre del Parlament una denuncia contra el tribunal que mantiene como presos políticos a diputados”, ha argumentado.

Torrent alega que se han vulnerado los derechos individuales y políticos de estos diputados y, en tanto que son representantes electos, los de todos los ciudadanos de Catalunya, y ha asegurado que para él la defensa de estos derechos es “irrenunciable”.

El presidente catalán ha asegurado que la defensa de los líderes soberanistas que están presos genera un “consenso” mayoritario en la sociedad catalana, que incluso va más allá del consenso entre los partidarios de la independencia de Catalunya.

La decisión de actuar judicialmente contra Llarena se tomó en la Mesa del Parlament por la mayoría soberanista que forman JxCat y ERC; entonces anunciaron una querella, pero finalmente será una denuncia, y Torrent no ha explicado el motivo de este cambio.

Los diputados actualmente en la cárcel son Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, y Jordi Sànchez: los dos últimos intentaron ser presidentes, pero Sànchez no obtuvo el permiso para acudir a la Cámara y Turull fue encarcelado entre el primer y el segundo debate de investidura.

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