El juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y las directas a empresas en crisis en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha contado este miércoles con la declaración de un sargento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien ha asegurado que las ayudas que se investigan esta causa eran “opacas” y se concedían por “vecindad, amistad o afinidad política”

El agente, que lleva doce años en el Grupo de Delincuencia Económica y de lucha contra la Corrupción de la UCO, ha ratificado los cinco atestados en los que ha intervenido, cuatro como instructor y uno como secretario, y que obran en la causa de los ERE. Entre ellos fue el instructor del informe sobre las ayudas sociolaborales en el ERE del restaurante de Río Grande, sobre el entramado de empresas de los exconcejales del PSOE en El Pedroso (Sevilla) José María Sayago y José Enrique Rosendo –ya fallecido–, hijo del exalcalde socialista Enrique Rosendo. Además, el agente instruyó el atestado sobre las ayudas concentradas en la Sierra Norte.

Durante el interrogatorio del fiscal, que se ha prolongado por espacio de hora y media aproximadamente, el agente ha señalado que el procedimiento de concesión de ayudas era “totalmente opaco”, apuntando que “no había solicitud formal de ayuda, ni memoria, ni certificado de obra, ni proyecto, no hay ningún tipo de documentación”, sólo el convenio particular firmado la Dirección de General de Trabajo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las mismas, en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, por el que el Instituto materializa el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General tras recibir, vía transferencias de financiación, fondos del órgano concedente con cargo al programa presupuestario 31L.

En los convenios particulares de las ayudas a empresas investigadas por el agente, según ha declarado, “sólo se hacía referencia a planes de viabilidad, a yacimientos mineros que no existían o a un número de trabajadores en plantilla que no había”. Además, ha añadido que tampoco había seguimiento de las ayudas.

En las resoluciones de la Dirección General de Trabajo para la concesión de las ayudas sólo se encontraba el nombre de la empresa y que se concedía una ayuda con cargo a la 31, “poco más”.

“ALCALDES DEL PSOE BENEFICIARIOS”

El instructor, cuya labor de investigación se ha centrado en las ayudas concedidas en la zona de la Sierra Norte sevillana y el entramado de Rosendo y Sayago –investigado en una de las piezas separadas de los ERE–, que aglutinó hasta 34 millones de euros en ayudas, ha explicado, a preguntas del fiscal sobre cómo conocían los empresarios las ayudas, que éstas eran “opacas” y “lógicamente” se conocían “por vecindad, por la relación de amistad y también por afinidad política”.

En el caso de la Sierra Norte, “hay muchos alcaldes del PSOE beneficiarios de ayudas concretas”, ha asegurado, añadiendo que “un empresario de una almazara en Jaén no podía conocerlas”.

En este sentido, ha puesto el ejemplo de Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien fuera el alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla. Se firmaron, “días después” de suscribirse el convenio marco, dos convenios particulares para conceder ayudas a empresas de Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien llegó a recibir ocho millones en ayudas para empresas del sector del corcho. Algunas ayudas eran para fusiones de empresas que”nunca se llevaron a cabo”.

16 MILLONES EN AYUDAS EN UN DÍA A LA SIERRA NORTE

Precisamente, sobre las ayudas de la Sierra Norte, el sargento de la Guardia Civil ha indicado en el periodo que va desde enero de 2003 y abril de 2004 hubo un “aumento exponencial” en la firma de convenios particulares para conceder ayudas a empresas en esta comarca, coincidiendo con el exconsejero de Empleo José Antonio Viera en la Presidencia del IFA.

Así, ha precisado que de los 60 convenios investigados y estudiados por este agente, 43 se firmaron en este periodo. En este punto, ha comentado que en una sesión del Consejo Rector del IFA de 30 de enero de 2004, siendo Viera presidente, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, vicepresidente del Instituto; y el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, vocal; se dieron 16 millones de euros en ayudas a empresas de la Sierra Norte. Ese mismo días, las empresas de Rosendo y Sayago recibieron seis millones en ayudas a través de cinco convenios particulares por valor de 1.200.000 euros, cantidad límite por las que podía aprobarlas el Consejo Rector y no tenían que ser elevadas al Consejo de Gobierno.

En este sentido, ha manifestado que “llama la atención” cómo algunas empresas de Rosendo y Sayago estaban “vacías de contenido”, pues no tenían trabajadores. Eran “meros instrumentos par captar fondos públicos”, ha resaltado.

De otro lado, el sargento de la Guardia Civil ha insistido en que no existía seguimiento de las ayudas, que no se publicaban, así como tampoco las resoluciones. “Las ayudas era al margen de lo que debería haberse usado, el reglamento de subvenciones de la Junta de 2001”, ha afirmado.

Sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores, que en su caso sólo ha investigado las concedidas por el ERE de Río Grande, el agente ha asegurado que “no hay nada, sólo pagos cruzados”. Así, ha precisado que en este caso sólo existen “tres escritos” de Guerrero (dos) y de su sucesor Juan Márquez (uno) a mediadoras o aseguradoras. A través de un escrito de la Dirección General de Trabajo se abre una póliza para las prejubilaciones en Río Grande que se abonaron con cargo a otras pólizas ya suscritas. “En IFA/IDEA no hay nada de Río Grande, es opaco”, ha añadido.

Para el agente lo único común en las ayudas sociolaborales y a empresas es el convenio marco, “después cada ayuda tenía sus particularidades”, como que en algunos casos de las concedidas a Rosendo y Sayago, donde no había ni expediente administrativo o la presencia de terceras personas o empresas o mediadoras Uniter y Estudios Jurídicos Villasís, que se usaron en algunas ocasiones como “instrumento paralelo y opaco” para pagar las ayudas.

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