Foto: Reuters

El grupo de expertos seleccionado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para elaborar un informe sobre los posibles crímenes de alcance global cometidos por el Gobierno de Nicolás Maduro han hallado “fundamento suficiente” para llevar a las autoridades venezolanas ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad.

Los investigadores independientes Santiago Cantón (Argentina), Irwin Cotler (Canadá) y Manuel Ventura Robles (Costa Rica) han determinado en el informe, presentado este martes, que “existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014”.

En consecuencia, han recomendado al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, que “remita este informe y la evidencia recopilada (…) a la Oficina de la Fiscal del Tribunal Penal Internacional”, Fatou Bensouda, para su análisis.

Como medida complementaria, han aconsejado a Almagro que “invite a los estados parte en el Estatuto de Roma (tratado fundacional del TPI) a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía” con el propósito de que Bensouda abra una investigación formal.

Almagro encargó el pasado mes de septiembre a los expertos que evaluaran los sucesos ocurridos durante los cinco años de Presidencia de Maduro para determinar si el caso de Venezuela, sumido en una grave crisis política que ha desembocado en sucesivas olas de violencia, merecía ser remitido a la corte de La Haya.

El informe, de 400 páginas y otras 400 de anexos, cuenta con una primera parte elaborada por la Secretaría General de la OEA con los testimonios recogidos en las audiencias públicas celebradas en septiembre, octubre y noviembre de 2017 sobre Venezuela, así como “material recopilado de partes interesadas, de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales” e información pública. La segunda parte contiene la valoración jurídica de los expertos.

Los analistas regionales, ha aclarado la OEA en un comunicado, “no han tenido la posibilidad de realizar misiones sobre el terreno para consultar con las autoridades nacionales, las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil u otras partes interesadas”.

Cantón, Cotler y Ventura Robles han denunciado la existencia de “un patrón de ataques generalizados y sistemáticos contra la oposición, identificada como todo aquel que expresa puntos de vista que discrepan de la ideología del Gobierno bolivariano (…), con arreglo a una política de Estado encaminada a la supresión de los puntos de vista y las opiniones de las personas que se muestran en desacuerdo”.

“La oposición o las personas identificadas como tales han sido calificadas de ‘enemigo interno’ del Estado y debido a ello grandes segmentos de la población civil son objeto de las medidas de represión que llevan a cabo las fuerzas regulares militares, paramilitares y de seguridad que operan de manera coordinada para ‘defender la Revolución Bolivariana'”, explican en el resumen ejecutivo del informe.

LOS PRESUNTOS DELITOS

Han identificado un total de 131 asesinatos durante las protestas opositoras de 2014 y 2017 a manos de las fuerzas de seguridad y los llamados “colectivos” –grupos de civiles armados afines al Gobierno–. En su opinión, el Gobierno ha usado el asesinato como “instrumento de represión sistemática” a juzgar por el uso de munición real por parte de los uniformados, la corta distancia a la que lo han hecho y dónde se ha asestado el “golpe mortal” a las víctimas.

También han documentado 8.292 ejecuciones extrajudiciales, “resultado de allanamientos ilegales y violentos de viviendas realizados por los diferentes cuerpos de seguridad, que fingen que han ocurrido falsos enfrentamientos para así racionalizar” estas muertes. Esta “alarmante cifra”, han subrayado, fue proporcionada por la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz y corresponde al periodo 2015-2017, por lo que “es probable que sea mucho más elevada”.

Desde la llegada de Maduro al Palacio de Miraflores, han continuado, se han producido más de 12.000 detenciones arbitrarias, “una media de siete personas al día”, gracias a la “complicidad” de jueces y fiscales. Entre los arrestados ha llegado a haber 1.300 presos políticos, “el número más elevado desde la dictadura militar de la década de 1950”, si bien a fecha 13 de mayo había 338.

A este respecto, han alertado sobre “el uso generalizado de la tortura contra los detenidos”, prácticas que incluyen “brutales palizas”, descargas eléctricas, posiciones estresantes y dar comida podrida o mezclada con cristales y excrementos, entre otras. Los investigadores han llamado la atención sobre la extendida violencia sexual contra los arrestados, hasta el punto de que creen que podría tener entidad propia como crimen de lesa humanidad.

Asimismo, han advertido sobre “un creciente patrón de desapariciones forzadas en el que la víctima en cuestión es secuestrada y mantenida incomunicada por periodos que van desde varios días hasta por tiempo indefinido y en el que, con excesiva frecuencia, los familiares logran enterarse del destino de sus seres queridos solo a través de canales informales”.

Han mencionado igualmente el uso de la crisis humanitaria en Venezuela por parte de Maduro como “arma política”. “Ha politizado el acceso a los pocos alimentos y artículos de primera necesidad disponibles, distribuyéndolos a sus partidarios y restringiendo el suministro a quienes no apoyan al Gobierno”, han sostenido. Esto y la negativa a dejar que entre la ayuda internacional, han afirmado, podría constituir otro crimen de lesa humanidad.

Todas estas acciones permanecen en su mayoría en la impunidad, han reprochado, porque “la politización del sistema de justicia” ha hecho que su función quede relegada a “brindar impunidad a los altos cargos y a las autoridades del Estado por sus violaciones de los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad”.

UN PASO MÁS

De materializarse, no sería la primera denuncia sobre Venezuela en el TPI. La fiscal jefe ya ha recibido varias procedentes de la oposición y en base a ellas Bensouda ordenó el pasado mes de febrero abrir un examen preliminar, paso inicial de un largo proceso que en último término podría acabar con condenas contra dirigentes venezolanos.

Para los autores del informe, “no hay motivos que justifiquen, en ‘interés de la justicia’ (terminología usada por el Estatuto de Roma), la necesidad de retrasar una investigación (formal) de esos crímenes, que son ya objeto de un examen preliminar”.

El TPI, del que Venezuela es país miembro, no juzga países, sino personas, por lo que debería formular acusaciones con nombres y apellidos. Además, al ser un tribunal subsidiario, solo actúa cuando la justicia nacional no quiere o no puede hacerlo.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.