Foto: Reuters

El Tribunal Supremo de India ha instado al Gobierno a explicar cuál es su postura sobre las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, en pleno debate sobre el alcance de una ley de la época colonial que prohíbe “las relaciones carnales contra natura con hombres, mujeres y animales”.

El Supremo reactivó en 2013 la prohibición de las relaciones sexuales entre gays o lesbianas, después de un periodo de cuatro años de despenalización. Sin embargo, en enero de 2018 anunció la apertura de un nuevo periodo de análisis y se abrió a peticiones ciudadanas.

Entre los recursos que analiza figura el de Arif Jafar, un hombre detenido en 2011 por el supuesto incumplimiento de la Sección 377 y que pasó 49 días entre rejas. Su caso sigue todavía abierto, por lo que podría ser clave en el actual escenario judicial, en el que el Supremo ha pedido al Gobierno que se posicione antes del mes de julio.

Aunque la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta diez años de cárcel apenas se aplica en India, el activismo LGTBI denuncia que sigue siendo una herramienta frecuente para intimidar, acosar, chantajear y extorsionar.

Para el responsable de al ONG Humsafar Trust, la petición del Tribunal Supremo es “un punto de inflexión en la lucha contra la Sección 377”, toda vez que ahora “el Gobierno tendrá que decidir si esta ley colonial sigue siendo importante en un país que cuenta con su propia Constitución, en la que se protegen los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

No existen datos oficiales en India sobre la comunidad LGTBI, pero el Ejecutivo asegura que 2,5 millones de personas se han confesado homosexuales en los estudios del Ministerio de Sanidad. Las organizaciones sostienen que la cifra es mucho mayor y que la mayoría no revelan su orientación sexual por miedo a la discriminación.

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