Foto: Reuters

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) –coalición opositora– ha declarado “inexistente jurídicamente” la “farsa” de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo y, en consecuencia, ha afirmado que Nicolás Maduro, que ha conseguido un segundo mandato, es un “usurpador” del cargo.

Los comicios del 20 de mayo, carecen de legitimidad de origen, porque fueron convocados por la Asamblea Constituyente, incumplieron “todas las garantías electorales” y estuvieron plagados de “constantes abusos”, ha dicho la sede legislativa en una declaración oficial.

Por ello, ha considerado “inexistente jurídicamente” la votación, ha rechazado los resultados y ha definido a Maduro como “un usurpador del cargo de la Presidencia de la República”.

El Parlamento ha advertido de que el reciente proceso electoral “solo contribuirá a afectar todavía más los problemas de gobernabilidad existentes, agravándose así la crisis venezolana con efectos importantes en toda la región”.

En respuesta, ha instado al pueblo, funcionarios, actores políticos, funcionarios y sociedad civil a “unir esfuerzos a los fines de diseñar una estrategia unitaria para promover un cambio político en Venezuela”.

En concreto, ha exhortado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a “cumplir y hacer cumplir la Constitución” para “devolver la soberanía al pueblo venezolano”.

A la comunidad internacional, le ha pedido que “siga practicando sus buenos oficios en la oportunidad de aumentar las condiciones que deriven en la solución de la crisis humanitaria y el restablecimiento de la democracia en el país”.

La Asamblea Nacional, por su parte, se ha comprometido a buscar “los cambios políticos y constitucionales que permitan rescatar las condiciones de integridad electoral y lograr así elecciones presidenciales libres y transparentes en 2018”.

La Asamblea Nacional es el órgano legislativo de Venezuela. Desde las elecciones parlamentarias de 2015 cuenta con mayoría opositora, pero el Tribunal Supremo de Justicia primero y la Asamblea Constituyente después han anulado todas sus decisiones, dejándole ‘de facto’ sin poder.

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