Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Benidorm (Alicante) una organización criminal presuntamente dedicada a dar de alta a falsos trabajadores en la Seguridad Social para que estas personas lograsen el cobro de prestaciones económicas o la residencia en España, lo que provocó un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social que sobrepasa los 120.000 euros. La operación se saldó con 38 detenidos.

La investigación comenzó en enero del año 2016, en base a la información aportada por un hombre víctima de este fraude, ha informado la Jefatura en un comunicado. La operación se llevó a cabo en tres fases desde entonces. Las dos primeras tuvieron lugar en los meses de abril y mayo de 2016, donde se detuvieron al “cabecilla” de la trama junto con dos administradores de dos empresas implicadas, tres empleados contratados de forma ficticia y 13 trabajadores ficticios.

El ‘cabecilla’ se ofertaba como “conseguidor” de contratos de trabajo para que pudiesen optar a un permiso de residencia o cobrar subvenciones y acceder a préstamos bancarios u otros beneficios derivados de la inscripción en el sistema público de la Seguridad Social. Así, aceptaba implícitamente el pago por estos servicios fraudulentos, lo que provocó un efecto llamada entre los ciudadanos en situación irregular.

Esta persona actuaba como nexo de unión entre los ciudadanos que necesitaban un contrato de trabajo con el fin de poder regularizarse en el país, obtener la renovación de residencia o adquirir algún tipo de prestación económica y los empresarios titulares de las patronales que, en algunos casos, permitían y tenían conocimiento del alta de trabajadores en sus empresas, recibiendo en contraprestación cantidades de dinero a cambio.

19 FALSOS TRABAJADORES FUERON DETENIDOS EN LA ÚLTIMA FASE DE LA INVESTIGACIÓN

La tercera fase se desarrolló entre diciembre del año pasado y el día 22 de este mes, en la que se llevó a cabo la detención de 19 trabajadores contratados de forma ficticia.

Durante dos años y medio de investigación, los agentes han cruzado datos con los distintos informes aportados por la Inspección Provincial de Trabajo, la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Alicante, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Servicio de Empleo Estatal (SEPE) y la Tesorería General de Seguridad Social.

Con esta operación se han detenido a un total de 38 personas de distintas nacionalidades, quienes la mayoría de ellos consiguieron contratos de trabajo en diversas empresas con diferentes propósitos, o bien el cobro de prestaciones, o la obtención y renovación de residencia, o bien la concesión de préstamos o la acumulación de tiempo de carencia de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social para ejecución de derechos en un futuro.

Los perjuicios económicos sufridos por el Servicio Público de Empleo Estatal derivados de los pagos realizados a los supuestos trabajadores en concepto de prestaciones y subsidios por desempleo y pase a situación de jubilación superan los 120.000 euros.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de la Policía Nacional de Benidorm.

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