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La Fiscalía Anticorrupción anuncia mañana en el juicio que acoge la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana en las campañas electorales de 2007 y 2008 las penas de prisión que pide finalmente para la excúpula de Francisco Camps y los líderes de la trama Gürtel.

El juicio que comenzó el pasado 15 de enero y que ha sido dirigido por el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, encara este martes su recta final con los informes de conclusiones de los fiscales Myriam Segura y Carlos Alba, la Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano y los acusados.

Una vez que todas las partes comuniquen al juez sus conclusiones de la vista oral que se ha celebrado durante casi cuatro meses, los 19 acusados tendrán la oportunidad de hacer uso de su última palabra si lo consideran oportuno. Con todo esto el juicio quedará visto para sentencia.

Entre los acusados se encuentran el cabecilla de la ‘Gürtel’, el empresario Francisco Correa; el exsecretario de Organización del PP de Galicia y ‘número dos’ de la trama, Pablo Crespo y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, quienes ya están en prisión cumpliendo condena por amañar los contratos públicos del expositor institucional de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones entre 2005 y 2009 y a la espera de conocer la sentencia por la primera época de actividades de la trama.

En el banquillo de los acusados también se han sentado la excúpula de la formación política regional como el exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla; el exsecretario general de los ‘populares’ valencianos Ricardo Costa; y el exdiputado regional David Serra.

RECONOCIMIENTOS DE LOS HECHOS DELICTIVOS

Un juicio en el que la mayoría de los acusados han reconocido los hechos de acusación y confesaron que el PP valenciano pagó a Orange Market parte de los eventos y campañas electorales con dinero en negro. Nueve empresarios, que han pactado con la Fiscalía, afirmaron que sufragaron las facturas falsas que la empresa de Correa les remitió en relación a estos actos.

El líder de la trama Gürtel, con su intención manifiesta de colaborar con la Justicia en busca de una rebaja de su condena, reveló que la formación política regional, y precisamente Costa, les indicaba a quiénes tenían que facturar los actos que realizaron si “querían cobrar”. Más allá fueron Crespo y ‘El Bigotes’ que advirtieron durante sus declaraciones de que el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps era la persona que dio la orden a su mano derecha en el gobierno autonómico para que la trama facturase a terceros.

Una afirmación que fue corroborada después por el propio Ricardo Costa, que además apuntó que comunicó de las decisiones de Camps a la dirección nacional del PP y que al reunirse con el extesorero Luis Bárcenas, éste le recordó que estas prácticas están prohibidas en el partido.

Por estas confesiones es previsible que los fiscales Anticorrupción atiendan a una rebaja de su petición de pena inicial. Algo similar ocurrió en el juicio que celebró la Audiencia Nacional por los primeros años de la trama Gürtel, donde sus compañeras Concepción Sabadell y Concepción Nicolás mantuvieron su solicitud de años de cárcel para Correa pero pidieron al tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que estudiase la posibilidad de imponer una condena menor por sus “revelaciones”.

DESPUÉS DEL JUICIO SE VALORARÁ LA SITUACIÓN DE CAMPS

En cuanto a Camps, la Fiscalía Anticorrupción informó de que espera a que concluya la vista oral para decidir si investiga al expresidente valenciano, una vez que valore la prueba practicada y la trascendencia de las declaraciones vertidas por los acusados. El ex líder de los ‘populares’ valencianos negó todas estas acusaciones cuando compareció como testigo en este juicio.

Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Correa y Crespo 22 años de prisión; y 27 años para ‘El Bigotes’ por delitos electorales, falsificación de documentos mercantiles y delitos fiscales.

Para los ex altos cargos del PP valenciano antes mencionados –menos Vicente Rambla– y para la interesa la exgerente del PP de la Comunidad Valenciana Cristina Ibáñez interesa la pena de siete años y nueve meses de cárcel. En el caso de Rambla, Fiscalía modificó su acusación al inicio del juicio por lo que ya rebajó su petición a seis años y medio de prisión; mientras que la extesorera del PPCV Yolanda García, se enfrenta sólo a seis meses de cárcel.

Por otro lado, Anticorrupción pide 17 años de prisión al consejero delegado y contable de Orange Market, Cándido Herrero; y 15 años de cárcel para el considerado el ‘cerebro’ financiero de la trama ‘Gürtel’, José Ramón Blanco Balín.

Con respecto a los empresarios que confesaron, Anticorrupción interesa condenas que oscilan entre 15 y 21 meses de prisión por delitos electorales y falsificación en documento mercantil, que serán sustituidas por multas.

MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS PARA ACTOS ELECTORALES

El escrito de acusación de la Fiscalía afirma que el PP pagó a Orange Market un total de 3,4 millones de euros en actos electorales y otros eventos entre 2007 y 2008. En relación con las campañas, precisa que la formación política abonó 2,03 millones de euros, de los cuáles 1,2 millones fueron sufragados por los empresarios.

Asimismo recuerda que Correa controló un grupo de empresas que “aprovechó” el acceso a “determinadas personas” que desarrollaban su actividad política en la Comunidad Valenciana para resultar beneficiario en la adjudicación de contratos.

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