La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a la gestora del mercado gastronómico de San Juan y a la empresa responsable de las reformas en el mismo a pagar una indemnización de 23.700 euros al propietario de una pizzería que tuvo que cerrar tras un fallo en el sistema antiincendios.

En concreto, la Audiencia ha estimado el recurso presentado por el pizzero ante una sentencia anterior, que le reconocía una indemnización menor.

Los tubos de evacuación de los hornos de pizza estaban unidos a la campana extractora y con el funcionamiento de la cocina y los dos hornos se alcanzaba una temperatura que en dos ocasiones hizo saltar el sistema antiincendios y llenó de polvo el puesto por completo.

La segunda vez que esto ocurrió la pizzería se quedó sin poder utilizar los dos hornos, y al ser las pizzas el principal reclamo del local, tuvo que cerrar.

La pizzería dirigió un requerimiento a la empresa gestora, que se limitó a contestar ofreciendo dedicarse a otra actividad y no reparó el problema. La sentencia de instancia también consideró probado que existía “tensión personal” entre el director del mercado y el representante legal de la pizzería.

Según un informe pericial que ha examinado la Audiencia, el sistema de extracción de humos o calor presentaba varias anomalías, como que los conductos de extracción de los hornos y la cocina no eran independientes, el conducto de evacuación desembocaba junto al rociador antiincendios y carecía del aislamiento térmico exigido por la ley.

El pizzero reclamaba una indemnización de más de 100.000 euros por los daños, mientras que las empresas demandadas se oponían alegando que tendría que haber realizado él mismo las reparaciones y después reclamar para minimizar el daño.

Los magistrados consideran que la gestora no cumplió debidamente con su obligación de mantener el puesto del mercado en las condiciones necesarias para que pudiera ser destinado a una pizzería y que no hizo nada para solventar el problema. En concreto, aprecian una “una ausencia total de interés en subsanar las causas del siniestro” y apuntan que la pizzería no tenía ninguna obligación de reparar por sí misma el daño para después reclamar.

Tras examinar la causa, la Audiencia ha fijado la indemnización en 23.700 euros por los daños materiales, por los daños morales y por las ganancias que dejó de percibir la pizzería, además de la fianza del alquiler que deberá serle devuelta.

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