La Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha defendido este miércoles que los facultativos que asistieron e intervinieron a la mujer fallecida en el Hospital Comarcal de Melilla tras practicársele una cesárea “cumplen con todos los requisitos legales para ejercer la especialidad en España”.

El organismo que dirige Francisco Robles (PP) se ha pronunciado de este modo después de que la familia de la mujer fallecida a primeras horas del domingo haya interpuesto una denuncia en los juzgados al considerar que se ha podido producir una “mala praxis” y una supuesta “negligencia” que podrían derivar en un “homicidio imprudente”.

Asimismo, han puesto en duda que el ginecólogo que la atendió dispusiera del título homologado en España porque, además del fallecimiento de la gestante, el bebé que nació con vida presentaba un corte en la cara producido, al parecer, con el bisturí que empleó el médico durante la intervención quirúrgica.

En este sentido, la dirección del Ingesa ha querido mostrar “su apoyo a los profesionales del Hospital Comarcal y, en especial, a los que trabajan en el Servicio de Ginecología y Obstetricia, así como a los de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por el trabajo que realizan día a día”.

La entidad que preside Robles ha querido asimismo “reiterar sus condolencias a la familia” e informa de que “se han dado instrucciones a los servicios de la Inspección Sanitaria para que abra una información previa complementaria a los protocolos establecidos en el Hospital Comarcal para hechos de este tipo”.

Por último, la Dirección Territorial ha comunicado que este miércoles se ha reunido la Comisión de Mortalidad del Hospital Comarcal de Melilla “para estudiar los detalles del proceso asistencial que se realizó el pasado domingo”, si bien no ha dado a conocer el contenido de esta reunión.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, tras la denuncia interpuesta por el marido de la fallecida, se ha hecho cargo de este caso y ha ordenado la práctica de la autopsia judicial que determine las causas de la muerte de la mujer, aceptando de este modo la petición familiar para que la autopsia fuera realizada por personal ajeno al Hospital Comarcal, al considerar que son parte interesada en este caso.

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