El presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio automáticas (Aesae), Manuel Jiménez Perona, ha denunciado este jueves los “ataques al modelo de negocio” de las gasolineras sin personal que, a su juicio, están encaminados a que este modelo “tenga limitaciones en su capacidad expansiva” y advierte de que considerará volver a denunciar a la Administración ante la Comisión Europea.

Por ello, Aesae ha iniciado acciones legales con el objeto de impedir que el Gobierno imponga restricciones a la hora de repostar en estaciones de servicio automáticas. La asociación ha señalado que recurre ante el Supremo normas como el Real Decreto 706/2017, de regulación de la instrucción técnica MIP-ITC04 ‘Instalaciones para suministro a vehículos’, que fue aprobada el pasado mes de agosto y que considera “impone límites al establecimiento de este modelo”.

En concreto, los empresarios de gasolineras desatendidas denuncian los artículos que limitan el tiempo de repostaje a tres minutos para hasta 75 litros, lo que impide el uso de las instalaciones a camiones y vehículos de gran tamaño bajo una sanción de 30.000 euros para la empresa que ofrezca este servicio. “Es una medida que va contra el libre mercado y la libre competencia, y nosotros como asociación, tenemos la obligación de denunciarlo”, ha señalado Jiménez.

Por otro lado, la asociación también denuncia que la Comunidad de Madrid es una de las que más barreras está imponiendo a la entrada en el mercado de estos operadores independientes. Según explica, si bien la normativa regional que opera en la actualidad es favorable a la entrada de nuevos actores en el mercado, “la realidad es que este precepto no se está cumpliendo como consecuencia de una interpretación injustificadamente restrictiva de la norma por parte de la Comunidad de Madrid”.

Dicha normativa exige a las gasolineras disponer de un operario, o medidas automáticas de seguridad, para impedir que el usuario fume, hable por teléfono o reposte con el motor encendido, lo que dificulta su modelo de negocio y expone a las compañías a multas de hasta 30.000 euros “a las que muchas operadoras independientes no pueden hacer frente”, confirma Jiménez.

Del mismo modo, condena la próxima medida del Gobierno vasco, que obligará a cerrar las estaciones de servicio automático cuando la velocidad del viento supere los 18,9 kilómetros por hora, “una decisión que va en contra de un modelo de negocio que va a más en Europa y que ha probado su eficacia para los consumidores y con un potencial de crecimiento importante”.

DENUNCIAS ANTE LA COMISIÓN EUROPEA

Estas medidas se suman a las que ya existen en Castilla y León o Extremadura. Aesae considera que estas “restricciones normativas” van en detrimento de los ciudadanos, que no pueden acceder a un ahorro anual medio que, según cifran, puede ser de 150 a 250 euros al año por coche familiar.

“De entre los países que llevan más tiempo luchando por un mercado de carburante libre, abierto y transparente, España es uno de los países que presenta una menor penetración de este modelo”, lamentan los empresarios, que cifran en 560 el número de estaciones automáticas en España, el 5% del total, lo que se traduce en que “el sector de carburantes español es aún hoy cerrado y opaco”.

Por ello, y después del pronunciamiento del Supremo ante los diferentes recursos, la asociación considerará volver a denunciar al Gobierno ante la Comisión Europea por “inacción ante la proliferación de normativas en las diferentes comunidades autónomas en contra de las gasolineras desatendidas”.

El pasado mes de marzo, la Comisión ya aceptó a trámite una denuncia contra España por la misma razón, ante lo que algunas comunidades retiraron normativas después de que Bruselas advirtieran de que obligar a tener personal en las gasolineras vulnera la norma comunitaria.

PRECIOS MÁS COMPETITIVOS

Tal y como justifica Aesae, las Comunidades Autónomas que menos trabas ponen a la apertura de nuevas estaciones de servicio automáticas son Cataluña, Andalucía y Valencia, que disponen de carburantes con precios antes de impuestos por debajo de la media española, según el informe que la CNMC emitió como recomendación en diciembre de 2016.

El mismo informe notifica unos precios por encima de la media en País Vasco, Baleares o Madrid, que disponen de una normativa cuya interpretación “es una invitación a que se invierta en otro sitio”, por lo que ha pedido seguridad jurídica.

Así pues, la asociación denuncia que “una serie de empresas ejercen un poder casi absoluto” en el sector de los carburantes. Según ha señalado Jiménez, son seis las compañías “de primer nivel” las que, junto con la Administración, están a favor de esta clase de normas.

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