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La declaración del expresidente de la Junta José Antonio Griñán en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y las ayudas directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha comenzado sobre las 10,40 horas de este miércoles contestando a las preguntas de la Fiscalía.

Griñán, consejero de Economía y Hacienda entre los meses de abril de 2004 y 2009, ha empezado a prestar declaración tras concluir el turno del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, cuya comparecencia se ha desarrollado durante más de ocho sesiones, y que este miércoles se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas del presidente del tribunal, que en la última sesión se había centrado en las “contradicciones” entre su declaración en fase de instrucción ante la juez Mercedes Alaya y la prestada en esta vía oral.

Concluida la declaración de Fernández, el expresidente, para quien el Ministerio Público solicita una pena de seis años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, ha manifestado al inicio de su declaración que va a responder a las preguntas del tribunal, del fiscal y de su abogado defensor, José María Mohedano.

Las primeras preguntas del representante del Ministerio Fiscal se han centrado en su formación académica y sus distintas responsabilidades públicas en la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación y han continuado con las órdenes ministeriales de los años 1994 y 1995.

DECLARACIÓN ANTE EL SUPREMO

En su declaración el 9 de abril de 2015 ante el Tribunal Supremo ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, Griñán negó haber conocido, porque no le fueron remitidos, los informes de Intervención General de la Junta de Andalucía que advertían de irregularidades en los ERE fraudulentos y se desvinculó de la gestión de los gastos en ayudas sociolaborales.

Del mismo modo, el ex presidente andaluz se expresó en términos muy técnicos a las preguntas que le realizó el instructor y distinguió entre la gestión de los presupuestos, que sí era de su competencia –respecto a la cual defendió el uso de las denominadas transferencias de financiación– de la gestión del gasto, que no era de su responsabilidad sino de la Consejería de Empleo.

En declaraciones a los periodistas a su salida del Supremo, Griñán dijo estar “muy satisfecho” por haber podido declarar en sede judicial, algo que se producía “tres años después de haber comparecido en la comisión de investigación del Parlamento andaluz que promovió el PSOE”.

Griñán manifestó entonces su “rechazo” a todos los hechos irregulares que se han producido en la ejecución de una partida presupuestaria –la 31L, con cargo a la que se pagaban las ayudas sociolaborales y a empresas en virtud del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)– y se mostró “satisfecho” por “poder demostrar cómo la actuación de la Consejería de Hacienda y la Presidencia de la Junta de Andalucía fueron en todo momento conformes a derecho”.

A la hora de referirse a la responsabilidad de la Consejería que dirigió entre 2004 y 2009, el expresidente andaluz incidió en que Hacienda “no es un órgano de fiscalización” sino que, “en todo caso”, su cometido es de “presupuestación y recaudación”, pero “nunca de fiscalización de otros departamentos”.

Así las cosas, subrayó que “la presupuestación” se hizo “correctamente” y que la cuestión pudo estar en “el modelo de ejecución del gasto”, que es algo que “siempre le corresponde al departamento que tiene asignado el crédito” que, en este caso, sería la Consejería de Empleo. “Nunca a otro departamento y nunca a la Presidencia de la Junta”, insistió.

“NO HUBO UN GRAN PLAN, PERO SÍ UN GRAN FRAUDE”

Tras afirmar que durante su declaración contestó a “todas las preguntas”, negó que “hubiera un gran plan (para defraudar)”, como defiende la juez Mercedes Alaya, pero entiende que sí “hubo un gran fraude”, lo que, según sus palabras, “significa que algunos de los controles pudieron fallar”.

Griñán dijo que él recibió las memorias anuales, no los Informes de la Intervención, y que las primeras se elevaron al Consejo de Gobierno y se “instruyó” a la Intervención General para que “en caso de que no lo hicieran las consejerías destinatarias de esos informes o estimara que pudiera haber fraude en el estado de fondos públicos, elevara el informe de actuación”.

En esas memorias, según reiteró, se decía “exactamente” que aquellos defectos que existían se iban a poner en conocimiento de las consejerías afectadas. El Gobierno andaluz le decía entonces a la intervención que, si no le hacían caso las consejerías o si estimaba que hubiera fraude, “efectuara un informe de actuación”.

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