El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha insistido este viernes ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que existió una financiación irregular para las campañas electorales de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre controlada por los también exmandatarios regionales Ignacio González y Cristina Cifuentes, según fuentes presentes en el interrogatorio.

En esta cuarta parte de declaración voluntaria ante el juez que investiga la trama Púnica, el exconsejero madrileño se ha ratificado en la versión mantenida en febrero en sede judicial apuntando que tanto Aguirre como su sucesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid ostentaban la estructura de poder y por tanto controlaban los nombramientos tanto en la formación regional como en los ayuntamientos del Partido Popular en la región.

Así, ha asegurado que, aunque todo estaba bajo el dominio de Aguirre, Ignacio González era el único que no tenía que recibir el plácet de la entonces presidenta madrileña y que por tanto tenía libertad para controlar las listas electorales en los municipios.

También ha hecho partícipe de esta práctica a Cristina Cifuentes, que en esos años estuvo al frente de la Secretaría Ejecutiva de Política Territorial del Partido Popular de Madrid, y por tanto era responsable de todo el aparato provincial.

CONSTANCIA DE ESTA PRÁCTICA

El exconsejero regional, que no ha aportado documental nueva al magistrado instructor, ha dicho que era conocedor la existencia de esta estructura de poder en el seno del PP madrileño pero que no preguntó acerca de la misma, como ya apuntó en febrero.

Igualmente se ha desentendido de los contratos firmados desde el partido con la empresa Waiter Music, vinculada con la trama por ofrecer presuntamente comisiones a cambio de encargarse de los festejos y actos de la formación popular. Al respecto ha dicho que ni él ni su exasesor de prensa Edelmiro Galván –también imputado en la causa– tenían capacidad de decisión en esta cuestión.

La de este viernes ha sido la cuarta y última citación desde que el juez García Castellón aceptó su petición de declarar de forma voluntaria en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional desde 2014. En esta ocasión, el acusado ha respondido a una pregunta formulada por la Fiscalía Anticorrupción y al resto de partes que quedaban por participar en el interrogatorio que apenas ha tenido una hora de duración.

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