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El empresario Jaume Garau ha asegurado este jueves que en los contratos de sus empresas con el Govern balear se tuvo un “respeto escrupuloso por la ley”, por lo que ha negado que hubiera un fraccionamiento para eludir la legalidad.

Así se ha expresado Garau en declaraciones a los medios después de declarar durante más de una hora ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Miquel Florit.

El empresario -que dirigió la campaña de MÉS en 2015- ha mantenido que aunque conoce a algunos de los coinvestigados, no tiene ninguna relación personal de amistad ellos.

Además, Garau ha recalcado que trabajan del mismo modo con otras administraciones públicas de España, “con independencia de quién gobierne”. Ha dicho que ante el juez ha explicado el trabajo de sus empresas y ha recordado que también contrataron con el Govern en la pasada legislatura.

“Aquí no ha habido ningún tipo de fraccionamiento”, ha dicho Garau, que no considera fuera de lo normal que fuera contratado para realizar análisis pero no recopilar los datos. En este sentido, también ha señalado que no hubo “en ningún caso ninguna indicación” sobre qué empresa debía realizar las encuestas.

“No hay absolutamente nada que ocultar”, ha aseverado el empresario, que se ha mostrado “tranquilo” y “satisfecho por haber podido explicar los hechos”.

De este modo, los cinco investigados que han declarado en estos dos días ante el juez Florit han defendido la legalidad de los contratos. Este miércoles declaraban, en este orden, el ex director del Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), Josep Ramon Cerdà, la ex consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, y el ex director general de Cultura, Jaume Gomila. Este jueves, antes que Garau ha declarado el ex director de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB), Pere Muñoz.

‘CASO CONTRATOS’

La Fiscalía abrió en abril del año pasado diligencias de investigación penal para el esclarecimiento de los contratos realizados entre empresas del entorno del ex jefe de campaña de MÉS y el Govern.

El Ministerio Fiscal presentó una querella por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras inspeccionar los contratos adjudicados a Garau para la realización de estudios por varias Consellerias dirigidas por cargos políticos de MÉS, mediante un procedimiento negociado sin publicidad. En total, los contratos incluidos en la querella suman un importe aproximado de 127.000 euros.

Tras conocerse los contratos, Mateu presentó su dimisión en marzo de 2017 “para dar ejemplo” y defendió entonces que no había cometido “ninguna irregularidad”. Después de esta dimisión, MÉS per Menorca decidió salir del Govern.

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