Foto: Europa Press

El PP catalán ha registrado una propuesta de resolución en el Parlament para instar a TV3 y al resto de medios públicos catalanes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a dejar de hacer “apología de la violencia” de los Comités de Defensa de la República (CDR).

La propuesta, recogida por Europa Press, busca concretamente que el Parlament exija directamente al presidente del consejo de gobierno de la CCMA, Brauli Duart, que dé “las instrucciones oportunas a los directores de los medios públicos para evitar que se haga apología de los actos violentos” de los CDR.

Según expone el PP, los medios públicos catalanes “contribuyen a la difusión y convocatoria de los actos de protesta, y también a la difusión de datos personales y familiares de miembros de la judicatura”, como es el caso del entorno del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Los populares catalanes explican que la Junta Electoral Central sancionó a TV3 y Catalunya Ràdio en el marco de las pasadas elecciones del 21 de diciembre “por falta de neutralidad informativa y falta de respeto al pluralismo político”.

“Pero, más allá de la convocatoria electoral, en las últimas semanas persisten actitudes de falta de neutralidad política y de respeto al pluralismo político, que se van acentuando de forma constante”, alerta el partido.

Los medios públicos catalanes se comportan, según el PP, “como un agente político y no como un servicio de información”, como demuestra la actitud del director de TV3, Vicent Sanchis, contra quienes le critican, alega la formación.

Por todo ello, propone que el Parlament repruebe a Sanchis “por las amenazas a las formaciones políticas de recurrir al ámbito judicial antes las legítimas críticas por la actuación de los medios públicos”.

INICIATIVA CONTRAPUESTA A LA DEFENSA DE LOS CDR

Esta misma semana, JxCat, ERC y la CUP han registrado una ‘Propuesta de resolución de denuncia de la criminalización de los CDR’ para que el Parlament declare que la actividad de estos grupos es “absolutamente legítima”, después de que la Guardia Civil apuntara a que puede catalogarse de terrorismo y rebelión.

La resolución también quiere que el Parlament defienda “la protesta, las movilizaciones, la desobediencia civil pacífica, resistente y no violenta, propia de una democracia madura”.

El texto también persigue que el Parlament denuncie y se posicione “claramente en contra de las operaciones de Estado que utilizan los diferentes cuerpos policiales e instancias judiciales” contra los CDR.

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