El empresario Bartolomé Cursach podrá salir de prisión si paga una fianza de un millón de euros, después de que la Audiencia Provincial haya estimado parcialmente un recurso presentado por su defensa.

La Audiencia ha mantenido la prisión provisión del investigado pero la hace eludible bajo fianza de un millón de euros, a consignar en metálico o bien aval bancario.

Además, el Tribunal le impone comparecencias periódicas todos los lunes de cada mes y que indique domicilio habitual, le retira el pasaporte y le prohíbe salir de Mallorca y del territorio español, salvo previa autorización judicial expresa.

La defensa del empresario había solicitado anteriormente la excarcelación y el pasado jueves se celebró una vista en la Audiencia. La representación de Cursach alegó que la medida era innecesaria dado que llevaba más de un año en prisión provisional y que la instrucción está prácticamente concluida.

Respecto al riesgo de destrucción de pruebas, la defensa argumentó que se habían superado los seis meses de plazo establecidos por ley para mantener la medida. En cuanto al riesgo de fuga señaló que Cursach, de 72 años de edad, tiene sus cuentas bancarias embargadas y sus propiedades ofrecidas en garantía de responsabilidad civil, y que por la difusión mediática del caso sería imposible que pasara desapercibido.

También alegó un agravio comparativo puesto que otro de los investigados, Bartolomé Sbert, quedó en libertad bajo fianza a pesar de que se les atribuyen las mismas imputaciones. Por otra parte, ya se ha celebrado el juicio que Cursach tenía pendiente por presunta tenencia ilícita de armas.

Por su parte, la Fiscalía se opuso a la petición de libertad señalando que existen indicios de criminalidad y resaltando la gravedad de las penas para los delitos investigados. Subrayó que Cursach viaja con frecuencia a países fuera de la Unión Europea y que tiene una elevada capacidad económica que posibilitaría la fuga.

El ministerio público también incidió en que el procedimiento por tenencia ilícita de armas todavía no ha recibido sentencia y que están pendientes de la celebración de otro juicio mayor. En cuanto a la protección de las pruebas, el fiscal recordó el hostigamiento a testigos y que existe un informe policial en el que aparecen los nombres de empleados del grupo.

En su auto, los magistrados consideran que aunque algunos de los argumentos de la acusación se mantienen, el tiempo transcurrido mitiga los riesgos de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva.

“No consideramos que la medida privativa de libertad sea estrictamente necesaria en el presente momento procesal”, señalan. Para la Audiencia, los riesgos planteados por la Fiscalía se han visto atenuados “por la propia investigación judicial y presión mediática del caso”.

En cuanto al riesgo de fuga, han apreciado los “vínculos familiares y empresariales sólidos” que mantiene Cursach en Mallorca, su edad y el embargo de sus bienes.

Con todo, los magistrados consideran que sigue existiendo “razonable riesgo de que pueda sustraerse a la acción de la justicia” por lo que no han accedido a acordar la libertad incondicionada como pedía la defensa y han impuesto una fianza y medidas cautelares. La Sala ha fijado la fianza en un millón de euros dada la elevada capacidad económica personal teniendo en cuenta las sociedades y fincas de las que es propietario.

La resolución es firme y no cabe recurso.

Cursach lleva en prisión desde marzo de 2017. Ingresó junto al ex director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, acusados conjuntamente de 16 delitos. Fue trasladado a la cárcel de Alicante II en junio pero la Audiencia dejó sin efecto el traslado en noviembre declarándolo nulo de pleno derecho.

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