La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha impuesto un total de dos sanciones, por un valor de unos 3.000 euros cada una, y ha realizado cuatro inspecciones en las Islas durante sus primeros cuatro años de actividad. Según han explicado, de las cuatro inspecciones aleatorias realizadas en Baleares, el 50 por ciento ha supuesto una sanción, lo que representa un porcentaje “más alto que en el resto de España”.

Así lo ha informado en rueda de prensa el director general de AICA, José Miguel Herrero, quien ha destacado que este año se pondrá en marcha en las Islas una campaña especial de vigilancia de las industrias agroalimentarias para “perseguir la morosidad y que los alimentos se paguen a 30 y a 60 días”.

En concreto, las sanciones se han impuesto a dos empresas por incumplimiento de pagos, una de frutas y hortalizas y otra dedicada a la viticultura y distribución de bebidas alcohólicas.

A nivel nacional, la AICA ha realizado un total de 3.669 inspecciones en todos los sectores agrícolas y ganaderos y ha impuesto 922 sanciones, siendo el 44,4 por ciento por incumplir el plazo de pago. Además, más de 26 por ciento de las empresas han cometido más de una infracción, según ha explicado Herrero.

Asimismo, el director general de AICA ha destacado que la industria láctea es “la que más incumple la ley”, en concreto la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Por otro lado, se ha detallado que en Baleares se han recibido un total de 20 denuncias de posibles ventas a pérdidas, pero desde AICA han asegurado que esta materia “no es de su competencia, sino que la investigación corresponde a la Conselleria de Comercio”. De este modo, Herrero ha informado que dichas denuncias “ya han sido trasladadas” al Govern.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, ha señalado que AICA vigila las relaciones comerciales entre compradores y vendedores, garantizando que cumplan con sus obligaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Cadena Alimentaria.

De este modo, el organismo vigila la existencia de contratos por escrito entre las partes, el establecimiento de un precio determinado en el contrato para los productos, y la no modificación unilateral de los contratos, entre otros aspectos.

En relación a las sanciones, AICA propone a la autoridad competente la sanción a aplicar de acuerdo con la infracción cometida. Así, éstas se dividen en infracciones leves (hasta 3.000 euros), las graves (entre 3.001 y 100.000 euros) y las muy graves (entre 100.001 y 1 millón de euros).

Por último, Herrero ha resaltado que este organismo es un “aliado” del sector y ha insistido en que se debe utilizar “como un instrumento para mejorar las relaciones comerciales en la cadena alimentaria” y, así, “mejorar la competitividad”, ha concluido.

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