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El juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha acogido este lunes la declaración de un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien ha ratificado un atestado del que fue instructor y en el que se concluye que el sistema de concesión de estas ayudas “era conocido” por el Consejo de Gobierno.

En concreto el atestado, de mayo 2012, tenía el título de ‘Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010’. Así, ha explicado que llegan a esa conclusión en base a unos elementos, refiriéndose a las declaraciones en fase de instrucción del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, a los informes de la Intervención, cuyo contenido y destinatarios están regulados –entre ellos los consejeros de Economía y Hacienda y la consejería de adscripción del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y posterior de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)–.

También ha apuntado la participación de los miembros del Consejo de Gobierno en las fichas presupuestarias y las modificaciones presupuestarias. Igualmente, según ha recordado, Fernández en su declaración dijo que el sistema fue tratado en los ‘consejillos’ de viceconsejeros de la Junta y presididos por el entonces consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, quien estaba “presente” cuando fue “tratado y objeto de debate”.

Además, el paso de IFA/IDEA de Empleo a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en 2004 supone que “entraban en juego dos consejerías, no es sólo de Empleo”. A este respecto, ha asegurado que, desde un punto de vista policial, el reiterado incumplimiento de implementación de medidas por parte de IFA/IDEA “hubiese requerido de un informe de cumplimiento de la Intervención General”, pues, a su juicio, “hay menoscabo de fondos públicos” en el procedimiento de concesión de ayudas investigado.

La declaración de este agente, quien estuvo en el Grupo de Delitos Financieros de la UCO hasta 2013 y posteriormente pasó al Grupo de Delitos contra la Administración, ha abierto este lunes la sesión número 45 de la vista oral, que ha contado con la presencia en la sala de dos investigados, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, ex secretarios general técnico la Consejería de Empleo, siendo los primeros que acuden después de que al terminar la fase de declaración de los procesados el tribunal permitiera a éstos ausentarse.

Tras el análisis de ayudas individuales y de todo el procedimiento específico de concesión de ayudas, en base al convenio marco de 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo e IFA por el que éste pagaba las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con el dinero allegado al instituto a través de las transferencias de financiación con cargo al programa 31L, el agente ha asegurado que “se daban con una falta total de procedimiento desde el punto de vista administrativo en la gestión de las ayudas”.

Así, ha enumerado elementos “irregulares” que se encuentran en los informes de la Guardia Civil como “la falta de competencia” del director general de Trabajo para conceder las ayudas, “la falta de solicitud” por parte de los trabajadores o “la no justificación” de las mismas.

Durante su declaración y en base a la regulación existente y desde un punto de vista policial, ha indicado que la finalidad de las transferencias de financiación era la aportación de fondos para la gestión corriente del IFA/IDEA, “no para gastos previamente definidos”, de ahí uso “inadecuado”.

“No encontramos norma reguladora para la concesión de las ayudas sociolaborales o a empresas”, ha asegurado el agente, así como que tampoco encontraron estudios de mercado para elegir a las aseguradoras con las que se firmaban las pólizas para el pago de las ayudas, resaltando que se pagaban comisiones “muy por encima del precio de mercado” y “la Junta debió velar por el buen uso de los fondos públicos”.

INTRUSOS Y DINERO PARA “CONSUMO PERSONAL”

Sobre la presencia de intrusos, el comandante ha afirmado que “nos llamó la atención” las relaciones “familiares” o la “afinidad al PSOE” de éstos, apuntando casos de familiares del ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas, del exchófer de Francisco Javier Guerrero, del propio ex director general de Trabajo, de exconcejal del PSOE en Camas (Sevilla), del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas o de las secretarias de Guerrero. En este sentido, ha afirmado que no considera que el proceso de depuración de la Junta sobre estos intrusos “reúna los requisitos mínimos para ser tenidos en cuenta”.

Precisamente, sobre las ayudas recibidas por las empresas de Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, y en base a las declaraciones de Trujillo, ha indicado que estos “usaron dinero para consumo personal”.

Al respecto del convenio marco, el agente ha indicado que les “llamó la atención” que se apruebe en julio cuando ya se estaba trabajando en la elaboración del decreto del reglamento de subvenciones de la Junta, que regulaba las ayudas y subvenciones. Tras la investigación, deduce que había “legislación estatal y autonómica suficiente para regular este tipo de ayudas, sin necesidad del procedimiento específico”.

En este sentido, ha apuntado la Ley General de Hacienda Pública y el reglamento de subvenciones, normativa que “no se cumplían”, según ha afirmado. En este sentido y justo antes de terminar su declaración por hoy –continuará el miércoles 2 de mayo–, el agente ha señalado que quienes no cumplieron la Ley General de Hacienda Pública en la concesión de ayudas fue “Guerrero, entre otros,” como órgano concedente. Añadiendo después “al consejero de Empleo” y precisando que los “idearon” el sistema fueron los “firmantes” del convenio marco en 2001, José Antonio Viera y Antonio Fernández.

“DOCUMENTACIÓN COMPROMETIDA”

A raíz de conocerse en los medios la presencia de un intruso en un ERE de Mercasevilla, la Dirección General de Trabajo, con Daniel Rivera al frente, “acopió” personal el fin de semana del 20 de noviembre de 2010 para revisar los expedientes de las ayudas. Sobre esto, el comandante ha descartado destrucción de documentación, pero “sí” un “esfuerzo” de la Dirección General para “completar” los expedientes. Además, ha ratificado que, como así lo recoge en el atestado, “se retiró de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación”.

El funcionario, que ha señalado que “no ha detectado ni una asistencia técnica ni una comisión de seguimiento, que es un elemento de control recogido en el convenio marco”, ha explicado que ha tenido conocimiento de los informes encargados por Juan Márquez a PriceWaterHouse y Garrigues, entre ellos uno elaborado por el segundo bufete sobre la legalidad del procedimiento de concesión de ayudas. A su juicio este informe fue “demoledor”, aunque “no decía algo diferente a lo que venía diciendo la Intervención en sus informes anuales”, como la “falta de delegación de competencias, la caducidad del convenio marco o la falta de control”.

Tras este informe, figura un fax remitido el 16 de diciembre de 2009 desde el “gabinete del consejero” de Empleo Antonio Fernández, que señala las “dificultades de encaje jurídico” de las ayudas e indica como “obvias” algunas de las conclusiones de Garrigues. “Da por hecho que es obvio que hay que implementar el sistema con el informe”, ha indicado el agente.

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