La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha desestimado una nueva querella interpuesta por el abogado Vicente ‘Coco’ Campaner contra el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, y el Fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán.

El Tribunal ha tomado esta decisión al considerar que los hechos en que se funda la querella no constituyen delito. Además, el TSJIB ha accedido a una petición del Ministerio Fiscal para que se deduzca testimonio de la querella y se remita al Juzgado por si el abogado ha incurrido en un delito de calumnias.

Con la querella, el letrado acusaba al juez y al fiscal de un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de encubrimiento. Con carácter subsidiario, apuntaba a un posible delito de prevaricación por imprudencia grave.

En concreto, Campaner cuestionaba las declaraciones de la testigo protegida número 31 -la ‘madame’- porque “nada de lo que relataba se podía corroborar” y su relato “era inverosímil”. En este sentido, reprochaba al juez y al fiscal que “desantendieron todas las quejas y advertencias de las defensas” y que no accedieran a la práctica de distintas pruebas.

Por su parte, la Fiscalía recordó que esta querella “representa un acto más de la actividad querellante” del abogado “en su particular cruzada considerando que cualquier resolución judicial que no acepte sus tesis es, cuanto menos, prevaricadora”.

Además, el Ministerio Fiscal reseñó en su escrito diferentes expresiones “improcedentes e irrespetuosas” por parte del abogado contra los magistrados del TSJIB, por las que se ha acordado deducir testimonio por un posible delito de calumnias.

En su resolución, el TSJIB rechaza todos los argumentos planteados por Campaner. Entre otros argumentos, recuerda que parte de los hechos denunciados ya se habían resuelto en otra querella también desestimada.

Respecto al encubrimiento, los magistrados resaltan que el falso testimonio se comete en el juicio oral por lo que no pudo haber encubrimiento. “Los querellados no pueden ser encubridores, pues para ello tendría que haberse cometido un delito previo, conocerlo y no haber intervenido en el mismo como autor o cómplice”, recalcan.

Sobre la prevaricación, subrayan que no puede afectar al fiscal puesto que carece de poder decisorio, y no advierten “una notoria y ostensible infracción de la ley, ni dolosa, ni imprudente” en la providencia denegando la práctica de pruebas “que se limita a aplicar lo que entiende exige el derecho”.

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