La plataforma Stop Maltratos Centro de Acogida ha exigido la dimisión de los responsables de los supuestos casos de violencia institucional en las instalaciones del Servicio de Acogida Municipal (SAM). En concreto, han pedido las cabezas del concejal de Igualdad, Aligi Molina; la directora general de la misma área, Lucía Segura, y la concejala de Bienestar, Mercè Borràs.

Desde la plataforma explican que “existe un problema crónico de supuesta violencia institucional en los centros de acogida de familias y de víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Palma y también del IBdona”. De hecho, denuncian que hay mujeres que no duran ni una semana. “Las normas son más parecidas a las de determinados módulos carcelarios o de centros de desintoxicación”, remarcan, además de que se registran habitaciones “sin la presencia de las afectadas”.

Incluso aseguran que hay madres que entran a los centros con sus hijos y se marchan sin ellos porque se los han retirado. “Se trata de un problema crónico que sucede desde hace muchos años -defiende la plataforma-, con cientos de mujeres y familias afectadas que hasta ahora no habían empezado a organizarse”.

En este sentido, señalan que Borràs se niega a recibirles desde octubre de 2016, mientras que Molina les atendió en dos ocasiones y que desde hace un año ha cortado todo contacto con la plataforma. Por ese motivo, Stop Maltratos Centro de Acogida exige su dimisión o que el alcalde de Palma, Antoni Noguera, les cese y se reúna con los afectados.

Esta asociación también critica que las mujeres del equipo de gobierno de Cort se sumaran a la huelga feminista del 8 de marzo como “un acto meramente propagandístico”, precisamente por los casos de “maltrato institucional” que llega a víctimas de violencia de género y familias sin vivienda alojadas en los centros del SAM.

Del mismo modo, Stop Maltratos Centro de Acogida solicita “una auditoría ciudadana completa de los centros del SAM, la depuración de responsabilidades penales, profesionales y empresariales, el reconocimiento público del problema y la revisión de todos los informes realizados”. Relacionado con este punto, recuerdan que “los expedientes de las afectadas siguen en manos de las empresas privadas que explotan el centro”.

En cuanto a los trabajadores del Servicio de Acogida Municipal, sostienen que “tienden a dejar de trabajar en servicios sociales” y que “la plantilla se va rellenando” con empleados “más dóciles” ante el criterio de la empresa.

Por otra parte, la plataforma añade que “el maltrato en los centros de acogida, la desprotección de las víctimas de violencia de género y el problema de acceso a una vivienda digna en plena burbuja de alquiler están íntimamente relacionados y son una amenaza constante y una bomba de relojería para miles de víctimas de violencia de género y familias trabajadoras en riesgo de desahucio”.

Además, Stop Maltrato Centro de Acogida anuncia que en las próximas semanas convocarán una reunión pública abierta, tanto para organizaciones sociales como a todas las personas afectadas, “por el problema de acceso a la vivienda o por la mala praxis de los servicios sociales”. “Es necesario coordinar el movimiento en defensa del derecho a la vivienda y preparar movilizaciones masivas”, sentencian.

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