La justicia balear dejó de resolver en 2017 un total de 60.627 asuntos, 7.072 más respecto a 2016, cuando dejó 53.555 asuntos pendientes, según ha explicado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Terrasa, este viernes en la presentación de la memoria anual del año pasado.

En rueda de prensa, ha explicado que parte de esta cifra se debe a “la problemática en los juzgados de instrucción” donde han quedado “más de 400 traducciones pendientes” y “cerca de 3.000 tasaciones periciales” lo que incide en “el riesgo de la prescripción de las investigaciones”.

Según ha dicho el presidente, esto “no es un buen resultado” y ha hecho hincapié en el plazo de “demora” para el que ha señalado que es “urgente” una “solución”.

En concreto, la Memoria constata un incremento de los asuntos pendientes al final de 2017 en todas las jurisdicciones: en la jurisdicción social del 23,80%, en la jurisdicción civil del 20,11%, en la contencioso administrativo del 16,15% y en la penal del 7,59%.

En relación a los asuntos ingresados, en 2017 se registraron un total de 154.643, 5.419 más que en 2016, cuando se registraron 149.224. Además, se resolvieron 147.088 asuntos, 5.402 menos que en 2016 cuando se resolvieron 152.490 asuntos.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de un tercer juzgado de violencia sobre la mujer y ha destacado que ha habido 39 casos civiles más y 266 casos penales menos. Sin embargo, en Palma han crecido tanto los casos civiles (63,07%) como los penales (55,18%).

Sobre los juzgados de cláusulas suelo, Terrassa ha explicado que durante 2017, hubo 3.118 asuntos y que en lo que va de 2018 ya hay unos 1.000. En 2017, hubo un promedio diario de 20 asuntos diarios y la previsión anual es de 4.449.

Respecto a la aplicación de gestión informática Minerva, Terrassa ha sido muy crítico: “La obsolescencia del sistema de base impide un desarrollo funcionalmente aceptable de todo el sistema”. “Sería ridículo si no fuera patético”, ha lamentado para después añadir que “a pesar de que se están haciendo esfuerzos y correcciones, si la base es inadecuada nunca se podrá dar un resultado satisfactorio”.

Por otra parte, el documento detalla que Baleares presenta una tasa de jueces por cada 100.000 habitantes superior a la media estatal, en concreto es 13,4 en las islas y 12,2 la media en España.

Asimismo, la tasa de litigiosidad de la Comunidad por cada 1.000 habitantes es de 135,2, también sobre la media, de 124,9 casos, situándose la cuarta más alta de todo el Estado.

En otro sentido, ha hablado de la necesidad de cambiar de edificio judicial en Ciutadella, debido al mal estado del actual, y de la manera “improvisada” en la que se está trabajando para intentar conseguir el objetivo de “papel cero”, de cara a la implantación del expediente judicial digital.

NUEVAS PLAZAS

La Memoria, además, refleja la necesidad de creación de dos nuevas plazas en los órganos colegiados de Baleares, una en la Sala de lo Social del TSJIB y otra en una sección penal de la Audiencia Provincial de Palma.

En cuanto a los órganos unipersonales, se requieren seis nuevas plazas, tres en juzgados de Primera Instancia; una en los juzgados Contencioso-administrativo; uno en los juzgados de lo Social de Palma y una en violencia de género.

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