Foto: Europa Press

El exdirector de los Mossos Pere Soler y el que fuera secretario general de Interior catalán César Puig formaron parte de una “correa de transmisión” que se puso en marcha con el fin de que la Generalitat de Cataluña tuviera el control del cuerpo policial con motivo de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Así lo expone la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el auto por el cual acuerda dejar en libertad a los dos investigados por el delito de sedición, aunque les impone medidas cautelares tales como comparecencias quincenales en el juzgado más cercano, prohibición de salir del territorio nacional, retirada del pasaporte y obligación de facilitar un número de teléfono para estar localizables.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 desoye la petición de la Fiscalía, que solicitaba libertad provisional sujeta al pago de fianza de 100.000 euros, al entender que tanto el exresponsable político de los Mossos como el que fuera número ‘dos’ del consejero del Interior Joaquim Forn cuentan con arraigo personal, familiar, laboral y social.

Argumenta igualmente que no han eludido su obligación con la Justicia, que su libertad no puede perjudicar la investigación porque está bastante avanzada y que, tras haber sido cesados de sus cargos el 27 de octubre, ninguno ostenta una posición de mando dentro del gobierno catalán sino que “únicamente” son militantes del PDeCAT.

También responde al Ministerio Fiscal que el hecho de que otras personas investigadas hayan abandonado España -en referencia indirecta a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que partió a Suiza pese a su imputación por rebelión en el Tribunal Supremo– no implica que los dos investigados vayan a responder de la misma manera.

LA INDEPENDENCIA, “FINALIDAD INMEDIATA”

No obstante, en el mismo auto Lamela expone que se les acusa de delitos “graves” (recordando que apuntó a organización criminal) y precisa que la “finalidad inmediata” tanto de Soler como de Puig era facilitar la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional y, con ello, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollaban una actuación al margen de las vías legales.

Explica que en julio de 2017 se produjeron unos cambios en el gobierno del entonces presidente Carles Puigdemont con el fin de sustituir a los consejeros que no se mostraran totalmente dispuestos a asumir las consecuencias de la deriva soberanista. En este contexto fueron nombrados Joaquim Forn y Pere Soler como consejeros del Interior y director de los Mossos, respectivamente, mientras que Puig continuó en el cargo que asumió en julio de 2015.

Se trataba, explica Lamela, que desde los órganos de gobierno se tuviera el control del cuerpo policial, para lo que a su vez resultaba necesario la connivencia de los responsables políticos con los altos mandos de la policía autonómica que hicieran “de correa de transmisión” de las instrucción de aquellos.

PUBLICACIONES DE SOLER EN TWITTER

Igualmente recuerda que Soler, tan solo dos semanas después de su nombramiento, expresó públicamente que “la Constitución no les obligaba”. Un día antes publicó en su cuenta personal de Twitter que su ordenamiento jurídico no se acababa con la Constitución española y que la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE) tenía supremacía.

Al hilo ha recordado que, con el fin de evitar que se bloquease el plan estratégico hacia la independencia, se diseñó un plan premeditado para evitar actuar y que procedía de la cúpula de los Mossos (comandada entonces por el también investigado en la causa Josep Lluis Trapero) en conexión directa con Soler y Puig.

La “inactividad” policial a la que se refiere la magistrada ya se vio reflejada en unas declaraciones de Soler previas al 1-O en las que dijo que la misión de los Mossos era garantizar derechos y no impedir su ejercicio. Por ello se comunicaron una serie de indicaciones para esa jornada en una especie de “crónica anunciada” de que si los ciudadanos actuaban de una determinada manera en las votaciones, la actuación de los Mossos serían prácticamente nula.

CONOCEDORES DEL PLAN DE ACTUACIÓN

Añade además que en los días previos se elaboró un Plan de Actuación del que tuvieron “puntual conocimiento” Soler y Puig y que fue sometido a la consideración del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, poniendo ambos de manifiesto a Trapero que este plan no era el adecuado si se quería cumplir con la orden de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de prohibir el referéndum.

Sobre este punto explica que aunque el exjefe del cuerpo policial se comprometió a modificarlo, finalmente no se llegó a realizar ningún cambio. Ya el 1 de octubre se empleó un sistema entre los agentes que suponía una ralentización entre las comunicaciones por lo que al final se dejaba “en el ámbito de la valoración personal” de cada policía, el cumplimiento del mandato del TSJC.

Durante sus declaraciones en sede judicial tanto Pere Soler como César Puig se han desvinculado de los mandatos dados al cuerpo policial aunque el exdirector de los Mossos ha asumido la iniciativa de manipular las actas que redactaron los agentes autonómicos desplegados durante la jornada del referéndum independentista.

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