El fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán ha mantenido este jueves la petición de un año y medio de cárcel para el empresario Bartolomé Cursach por la tenencia ilícita de una carabina del calibre 22 que fue encontrada en su casa durante el registro practicado el día de su detención.

Así lo ha anunciado el fiscal en las conclusiones del juicio celebrado esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma. El fiscal ha asegurado que el arma se ha introducido ilegalmente en España y ha rechazado que el empresario tuviera la carabina para “fines lícitos” como la caza.

El juicio ha quedado visto para sentencia.

EL FISCAL MUESTRA “ESTUPOR” POR LA AFIRMACIÓN DE QUE CURSACH ES “ANIMALISTA”

Durante su alegato final, el fiscal Subirán -acompañado en este juicio por la fiscal Ana Lamas- ha manifestado su “estupor” por la afirmación de Cursach de que es “animalista”, resaltando que se sacó un permiso de armas para acompañar a sus amigos de caza “a matar animales”.

Además, ha insistido en que el permiso está caducado, no consta el tipo de licencia al que ampara y el empresario no presentó una solicitud para renovárselo. Con esta carabina que “no consta en los registros” se podrían realizar “todos los disparos del mundo, que nunca identificarán el arma ni al tenedor del arma”, ha advertido el fiscal.

El Ministerio Fiscal también ha cuestionado la versión del acusado señalando que su defensa podría haber propuesto testigos que avalaran su relato, como la viuda de su amigo fallecido -que supuestamente era el propietario original del arma- o alguno de sus compañeros de caza. En contraste, ha apelado a la objetividad de los policías que han declarado como testigos.

Igualmente, ha acusado a Cursach de adquirir el arma a sabiendas de que era irregular puesto que la marca no se fabrica en España. Por todo ello, la acusación pública ha sostenido de que se trata de un arma y munición “clandestinas” y ha hablado de una “organización criminal con armas” de la que Cursach sería “el jefe”.

LA DEFENSA CUESTIONA LA LEGITIMIDAD DEL HALLAZGO

Por su parte, la defensa de Cursach -que ejerce el ex fiscal Enrique Molina- ha pedido la absolución para el empresario. En síntesis, ha cuestionado la legitimidad del hallazgo del arma alegando que el registro se hizo sin respetar las garantías del investigado. “El hallazgo es el mayor delito de esta cuestión”, ha espetado.

En concreto, se ha referido a que en el momento del registro Cursach no estuvo asistido del abogado al que había designado pero los policías le preguntaron si tenía un arma y dónde la tenía, lo que Molina considera una obtención ilegítima de confesión.

El letrado también ha resaltado que aunque la licencia de Cursach estuviera caducada no se le había revocado, por lo que ha apuntado a la posibilidad de que los hechos constituyan únicamente una falta administrativa. Además, ha remarcado que en el escrito de acusación no se les imputaba la importación ilegal del arma, cuya introducción ilegal en España considera no acreditada.

Finalmente, Bartolomé Cursach ha hecho uso del turno de última palabra para aclarar que no ha dicho ser el “jefe” del Grupo Cursach sino su propietario, y ha insistido en que fue él quien extrajo la carabina de debajo de la cama para entregarla a la Policía ya que los agentes no hubieran podido “sacarla de los hierros” de la cama eléctrica de su dormitorio.

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