La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas mediante la contratación en masa de préstamos fraudulentos por Internet. Una parte de sus miembros se localizaba en Palma, mientras el resto se hallaba en Logroño y Vila-real. En total hay cinco detenidos, tres mujeres y dos varones. Se les imputa una estafa de más de 200.000 euros.

Los cinco integrantes del grupo llevaban operando de manera sistemática y habitual desde hacía tres años. Desde entonces, estafaron al menos a 228 personas por toda la geografía española.

Las investigaciones se iniciaron a partir de varias denuncias interpuestas a finales de 2017. Ciudadanos zaragozanos explicaron que varias entidades financieras de crédito que operan por Internet se habían puesto en contacto con ellos para reclamarles el impago de pequeños préstamos. Alguien se había hecho con sus datos personales para conseguir ese dinero.

El principal investigado es un varón de 44 años licenciado en Ciencias Económicas y residente en La Rioja. De hecho, ya contaba con varios antecedentes policiales por hechos de idéntica naturaleza. El hombre tenía estrechos vínculos familiares en Zaragoza.

El ideólogo del grupo preconcibió el plan para contratar por Internet préstamos fraudulentos de forma continuada. Utilizaba el nombre y los datos de terceras personas sin su permiso en una veintena de establecimientos de crédito.

Para ello, primeramente analizaba los requisitos para obtener los préstamos. Era imprescindible tener la documentación de otras personas para poder pedirlos. Así, el hombre organizó entrevistas de trabajo para un puesto ficticio y de esta forma tuvo acceso a los DNI de varias personas y los fotografió.

Una vez tenía en su poder estas fotografías, falsificaba diversa documentación adicional como nóminas de la Administración Pública, recibos bancarios o facturas de suministros. Con estas garantías falsas, logró convencer a las entidades financieras y solicitaba préstamos de modesta cuantía suplantando la identidad de terceros.

Todas estas solicitudes fueron efectuadas a través de Internet gracias a las facilidades que las propias entidades financieras otorgan. Además, utilizaba conexiones informáticas enmascaradas con el fin de no dejar ningún rastro identificativo.

A esta gran cantidad de perjudicados (se han contabilizado 228), hay que sumarle que se contrataron normalmente tres o cuatro préstamos a nombre de cada uno de los afectados. Por lo tanto, el fraude total superó los 200.000 euros.

El dinero obtenido era rápidamente transferido a otras cuentas y después lo sacaban en cajeros automáticos o lo utilizaban para recargar tarjetas de prepago. Dichas cuentas figuraban siempre a nombre del principal investigado o a nombre de otras cuatro personas de su entera confianza, entre las que se encontraba su esposa.

Por lo que respecta a las víctimas, sus nombres eran insertados como deudores en los diferentes ficheros de impagados existentes en España. De esta forma, después les supuso enormes dificultades a la hora de acceder a cualquier financiación. Algunos incluso fueron llevados a juicio. Así, las empresas que otorgaban los créditos sufrieron esta pérdida de tiempo, dinero, pérdida de reputación financiera y desgaste mental.

Tras la investigación, se practicaron dos registros en Logroño, en los que se intervino numerosa documentación física y soportes informáticos relacionados directamente con los hechos delictivos. El principal detenido, tras prestar declaración en sede policial, fue puesto a disposición de la autoridad judicial en Zaragoza, que decretó su inmediato ingreso en prisión.

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