Foto: Europa Press

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha vuelto a pedir este lunes al expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y a la exportavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel, que tienen previsto reunirse en Ginebra (Suiza), que comparezcan de una vez ante los tribunales “y demuestren que nadie está al margen de la Ley”.

Durante la inauguración del Foro Procuradores organizado por el Colegio Nacional que agrupa este sector, el titular de Justicia ha manifestado que no tiene ninguna valoración que hacer sobre la reunión prevista este lunes de ambos exmandatarios, si bien “lo mejor para la democracia española sería que personas que han ocupado responsabilidades institucionales y que tienen que atender una llamada de la justicia atiendan a sus obligaciones ciudadanas”.

Momentos antes de intervenir en el foro el ministro ha sido preguntado también sobre la decisión del Congreso de ignorar las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Ciudadanos contra la derogación de la prisión permanente revisable y ha anunciado que el Gobierno seguirá trabajando para mantener esta figura penal “que existe en toda Europa”.

“Es conveniente cuando se habla de derecho penal tener en cuenta las circunstancias de las personas que comenten delitos, pero también las circunstancias de las víctimas”, ha dicho Catalá, para añadir que le causó “cierta perplejidad” que en este asunto los representantes de los ciudadanos en el Congreso “se alejen de los representados” porque las encuestas, la última de este fin de semana, dicen que la prisión permanente la respaldan el 80 por ciento de los ciudadanos.

“Que en el Congreso de los Diputados ésto no sea así me produce perplejidad, parece que algunos tienen mejor criterio que el conjunto de los ciudadanos”, ha dicho el ministro, para insistir después en que “jurídicamente es conveniente que siga existiendo una pena extraordinaria para casos muy puntuales”, como son aquellos a los que la prisión permanente revisable se aplica.

DELITOS DE ODIO

Sobre lo publicado por algunos medios sobre la intención de la Fiscalía de rebajar sus actuaciones respecto al derecho de apología del terrorismo, el ministro ha manifestado que no le consta la existencia de ninguna Instrucción formal en dicho sentido.

“Estos nuevos delitos de incitación al odio deben tener una práctica de aplicación que la jurisprudencia también nos está ayudando a entenderla -ha explicado-. Reformamos la ley en 2015 y es una práctica que los fiscales y los tribunales deben poner en práctica”.

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