Baleares es la Comunidad Autónoma que ocupa el segundo puesto por la cola en la escala de valoración en Atención a la Dependencia según el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que se ha presentado este miércoles, y en el que se recoge que la Comunidad ha dejado de percibir en el 2017 un total de 9,01 millones por los recortes estatales, con los que la región habría generado el año pasado 178 empleos directos de nueva creación en el Sistema y 1.654 personas más hubieran podido ser atendidas.

De este modo, Baleares no alcanza la media estatal en cuanto al porcentaje de personas atendidas sobre el total de personas potencialmente dependientes de su demografía.

Según el informe que elabora la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que se ha dado a conocer este miércoles y recogido por Europa Press, en la escala de valoración las Islas han disminuido en el último año su nota en 1,5 puntos sobre los exiguos 3,6 de 2016. Esta puntuación, las hace retroceder cuatro puestos respecto al resto de Comunidades Autónomas.

Sin embargo, Baleares continúa “tímidamente” la tendencia ascendente de personas atendidas iniciada en 2015, con la incorporación al sistema en los dos últimos años de 5.131 personas y un crecimiento del 44 por ciento respecto a los usuarios de 2015. Recuperando -en una exigua parte- el diferencial de la tasa de atención situado en esta comunidad en el 8,16 por ciento de su población potencialmente dependiente frente al 9,25 por ciento de la media nacional.

Además, el informe ha revelado que se trata de la Comunidad Autónoma que “mayor desequilibrio” presenta entre prestaciones económicas y servicios rozando el 68 por ciento de prestaciones económicas sobre el total de personas atendidas. Este desequilibrio provoca que su tasa de prestaciones por usuario la sitúe en el grupo de cola en este factor y que su tasa de creación de empleo sea “la peor de todo el Estado”.

No obstante, han indicado que a pesar de haber descendido respecto a 2016 diez puntos porcentuales, sigue superando (cuatro puntos porcentuales) a la media estatal en cuanto al incremento de personas atendidas. Igualmente, el porcentaje de incremento de expedientes de Grado III en el último año (6,6 por ciento) dobla la media nacional en este factor.

Sin embargo, estos datos positivos no ocultan que Baleares sigue teniendo un importante número de personas con derechos que todavía no reciben prestaciones y que su lista de espera es “más inadmisible si se considera que tan solo atiende al 8,16 por ciento de su población potencialmente dependiente”, según el estudio.

Por otro lado, se ha añadido que el gasto público por habitante (77,47 euros Hab/año) de Baleares, a pesar de haber aumentado respecto a 2016, se mantiene muy por debajo de la media nacional situada en 129,72 euros.

En cuanto a la financiación, Baleares ha contribuido con más de 81,7 millones al mantenimiento del Sistema de Dependencia en su territorio, lo que supone un 82 por ciento del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con 17 millones (apenas el 18 por ciento del gasto público), si bien esta última obtiene unos retornos -vía impositiva- superiores a los 29 millones.

El crecimiento anual de más de 2.500 nuevos dependientes de media en los dos últimos años se centra únicamente en los servicios de Prevención y Promoción de la Autonomía Personal, Teleasistencia y Pecef en la tendencia de “lowcostización” de servicios que se han ido denunciando desde la Asociación. El 75 por ciento de la cartera de servicios y prestaciones de Baleares atiende a estos servicios “low cost”.

GRANDES DESIGUALDADES ENTRE COMUNIDADES

El informe presentado este miércoles incide en las “grandes desigualdades” que existen en la atención a la Dependencia en las diferentes comunidades así como en los modelos de gestión y se advierte de que algunas autonomías “van a tener muy difícil recorrer el camino si no se produce un cambio drástico en el modelo de atención y si no se lleva a cabo una inyección financiera específica”.

Esto hace que el acceso y el contenido real de las atenciones “está fuertemente determinado” por la comunidad de residencia de la persona dependiente ya que hay diez regiones que suspenden en la escala de valoración mientras que las tres con mayor nota son Castilla y León, con un 9,3, Castilla-La Mancha (8,2) y Andalucía (6,4).

Por contra, los resultados más bajos se dan en Canarias, con 1,8; Baleares (2,1); Cataluña y Extremadura (2,5), Asturias y Aragón (3,2); Ceuta y Melilla y Comunidad Valenciana (3,6); Navarra (3,9); Cantabria (5,4); País Vasco y Murcia (5,7) y Galicia y La Rioja (6,1).

En el informe se divide los territorios en cuatro grupos y así en ‘comunidades con plena atención’ se encuentra Castilla y León, Ceuta y Melilla; en ‘Comunidades que progresan positivamente’ están Asturias, Baleares, Galicia, Murcia, Valencia, Aragón, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha; en ‘Comunidades estancadas o de absorción muy lenta’ se encuadran Canarias, Cantabria, Extremadura y Madrid y en ‘Comunidades en situación crítica’ La Rioja, Andalucía y Cataluña.

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