El Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ha archivado el procedimiento contra la concejal de la CUP Capgirem Barcelona, Maria Rovira, por un presunto delito de injurias graves contra los Mossos d’Esquadra al acusarles de ejecutar sin juicio a los yihadistas que atentaron en Cataluña, ha informado la formación en un comunicado.

Rovira fue citada por el juez como investigada por sus manifestaciones durante el pleno municipal del 8 de septiembre, en el que cuestionó la “ejecución extrajudicial de seis personas”, en referencia a los terroristas que fueron abatidos por los Mossos durante la operación tras los atentados del 17 y 18 de agosto.

También afirmó ese día, en el que se proponía en el pleno otorgar las medallas por la actuación policial tras los atentados, que la Guardia Urbana de Barcelona era el “brazo ejecutor del racismo institucional” por sus actuaciones contra los manteros, por lo que posteriormente tres sindicatos policiales denunciaron los hechos: el SPC, de Mossos, y Csif y Sapol, de la Urbana.

En su auto, recogido por Europa Press, el magistrado decide archivar el caso porque considera que las expresiones de Rovira se enmarcan en el debate sobre la concesión de medallas en el pleno “en el ejercicio de la libertad de expresión que le marca su mandato como concejal portavoz de la CUP, para cargarse de razones en contra de la propuesta sometida a debate”, pese a que se pueda estar en profundo desacuerdo con ellas.

Según el juez, estas expresiones quedan fuera de las barreras de protección del derecho penal, teniendo en cuenta que la “evidente voluntad política de oponerse a las menciones honoríficas propuestas excluye la concurrencia de una clara intención de injuriar a los cuerpos y fuerzas de seguridad”.

Concluye que al criticar la ejecución extrajudicial de los terroristas, Rovira no pretendía injuriar sino “oponerse políticamente a una propuesta política” como es el uso del monopolio estatal de la violencia.

Desde Alerta Solidària –colectivo que ejercía la defensa de Rovira- y la CUP Capgirem Barcelona han valorado positivamente la decisión judicial porque “la libertad de expresión no puede ser perseguida penalmente y menos cuando se trata de la denuncia hacia unos cuerpos policiales represivos plagados de malas prácticas”.

“Condenamos y queremos denunciar públicamente el uso instrumental del sistema penal por parte de los sindicatos policiales, con la intencionalidad de acallar a aquellas personas que denuncian sus malas prácticas”, han defendido.

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