El ex conseller de Turismo, Carlos Delgado, ha asegurado este miércoles que tanto “la decisión de la compra” del solar del Hotel Rocamar en Sóller, “como las tasaciones” del mismo fueron tomadas de Francina Armengol y de Bel Oliver” y, además, ha negado haber cometido “ninguna irregularidad”.

Así se ha expresado Delgado, tras su declaración de cerca de una hora y media ante el Juzgado de Instrucción número 1, que investiga las presuntas irregularidades en la compra en 2012 del Rocamar, que se encontraba en ruinas, y por el que se pagó un presunto sobrecoste de 600.000 euros públicos.

Delgado ha negado que se ocultara información y ha destacado que para él lo más importante es que “la decisión de la compra del Rocamar se adoptó por el gobierno anterior (PSIB)” ya que ellos solo seguían los “informes técnicos”.

En este sentido, ha remarcado que “Bel Oliver, como consellera cuando Armengol era la presidenta del Consell de Mallorca, encargó a dedo tres valoraciones” y establecieron que se debía gastar “un mínimo de un millón de euros”, según se les informó en la primera junta del consorcio que gestionaba la compra cuando accedieron al Govern.

Respecto a estas valoraciones, se les indicó que una de ellas ascendía a 4,5 millones de euros, otra a 1,5 millones y otra que daba dos supuestos: 970.000 euros si no se declaraba la ruina o 198.000 sí se declaraba.

De esta manera, ha señalado que en la junta se decidió “por unanimidad” que “los funcionarios de la casa” decidieran y, tal como ha remarcado, “se les encargó este informe de un proyecto que “venía del PSOE de Francina Armengol y de Bel Oliver” y que incluso fueron ellas “las que les dieron las tasaciones”.

“Los funcionarios no cogieron la de 4,5 millones, van a la más baja y dentro de esta cogen la de 970.000 porque no hay declaración de ruina y entonces todos por unanimidad acordamos hacer lo que dicen los funcionarios”, ha resaltado.

“Volvería a hacer exactamente lo mismo, se lo he dicho al juez. ¿Qué le digo a los funcionarios que no cojan la (valoración) más pequeña? Aquí el problema con los políticos es cuando no han hecho caso de los funcionarios”, ha planteado.

Así, ha remarcado que no estaban “capacitados” para hacer esa valoración y que “la decisión” no fue suya sino “del Consell insular PSOE”. “Nosotros heredamos el procedimiento y lo continuamos, nos dieron hasta las valoraciones y heredamos la decisión de gastar un mínimo de un millón”, ha remarcado.

Además, se ha preguntado de manera retórica si es la actual presidenta del Govern, Francina Armengol, la que tiene que acudir a los juzgados para explicar por qué decidió la compra del Rocamar. ¿Para favorecer a un funcionario de turismo que no tenía nada que ver con el procedimiento? Pues que vengan, porque no fue decisión nuestra”, ha dicho.

Con esto, ha asegurado ignorar que la tasación del Rocamar se llevó a cabo con el objetivo de beneficiar un funcionario de la Conselleria de Turismo, tal como se investiga en el caso.

DECLARACIONES DE LA JUNTA RECTORA

Esta semana, han tenido lugar las declaraciones de los miembros de la junta rectora que aprobaron la compra del solar y el 21 de febrero, está citado el ex secretario general de la Conselleria, Joaquín Legaza.

Así, este martes Segismundo Morey, miembro de la junta rectora, declaró que no se detectaron irregularidades y que el precio de compra no les alertó de que podía haber un fraude.

Según explicó tras declarar ante el juez instructor del caso, Juan Manuel Sobrino, la compra estaba avalada por informes técnicos y era la tasación más barata por lo que el precio no les llevó a sospechar.

Ese mismo martes también declararon como investigados: Josep Aloy, Joana Aina Perelló, Neus Lliteras, y el sindicalista, Ginés Díez (CCOO).

Por su lado, Díez consideró que se jugó con la buena fe de los sindicatos en la compra del solar. Así lo informaron fuentes judiciales que explicaron que en la reunión en la que se aprobó la compra no se habló de precios y que tanto la posición de Díez como la del representante de UGT, Antonio Copete, fue la de comprar al menor precio posible.

En la declaración que tuvo lugar este lunes, Copete, que declaró como testigo, aseguró que detectaron que las cosas “no iban bien” cuando se hizo la compra y tuvieron que pedir las tres tasaciones por escrito, las cuales les fueron facilitadas posteriormente a la compra.

“HABÍA TASACIONES MENORES”

Ante los medios de comunicación, Copete explicó que tanto él como Ginés Díez, “siempre” se mostraron “opuestos” a “dar más” porque se “podía haber pagado menos” ya que “había tasaciones menores”. “Detectamos que las cosas no iban bien cuando se hizo la compra y tuvimos que pedir las tres tasaciones que había por escrito y se nos dieron posteriormente a la compra”, señaló.

Además, indicó que desde la Conselleria se pretendía que avalasen informes técnicos que no podían “avalar nunca” ya que no son técnicos y que estos informes también se les dieron “posteriormente”.

Por otro lado, otros dos testigos plantearon, según fuentes judiciales, versiones contradictorias y afirmaron que, por su parte, no se cuestionó la operación y que les pareció normal el procedimiento llevado a cabo en esta compra que ascendió a unos 871.000 euros.

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