Foto: Europa Press

Los Socialistas de Mallorca presentarán mociones en todos los ayuntamientos de la Isla para reclamar al Estado que éstos puedan invertir el superávit acumulado.

En concreto, pedirán la eliminación de la regla de gasto a las entidades locales saneadas, por considerarla “injusta y absurda”, según han informado desde la formación política en una nota de prensa.

Los socialistas han acusado al Gobierno de “apoyarse” en los superávits municipales “para rebajar su propio déficit” mediante la Ley Montoro, que “hace que los entes locales no puedan reinvertir los superávit que están generando y por tanto, no puedan atender las políticas sociales que requiere la ciudadanía o inversiones necesarias en infraestructuras”.

En esta línea, los socialistas han citado datos de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), que cifra en 489 millones de euros el dinero que los ayuntamientos de las Islas tienen en los bancos sin poder invertir. En particular, han destacado el caso de Alcúdia, con 54 millones.

Por ello, con la presentación de estas mociones buscan iniciar una “ofensiva institucional” para que se revise la aplicación de esta ley. “Si el objetivo último de esta regla es la reducción de la deuda, tampoco tiene sentido que se aplique sobre aquellos entes locales que no tienen”, han argumentado.

Desde el partido creen que se están dando “situaciones absurdas e injustas en relación a aquellos entes locales que han saneado sus cuentas pero se ven obligados a aplicar una medida con una exigencia que, en estos momentos, es exagerada”.

Por todo ello, los Socialistas de Mallorca defienden que “ha llegado la hora de revisar, actualizar y perfeccionar la financiación local”. La iniciativa socialista también pide al Estado que elimine la regulación de las tasas de reposición de los efectivos en la administración local para permitir a los ayuntamientos ampliar sus plantillas “en relación a la gestión de los servicios que deben prestar de manera prioritaria”.

Finalmente, la propuesta también pide revisar las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las entidades locales que tienen las cuentas saneadas y que se posibilite la internalización de servicios públicos por parte de la administración.

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