La Sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha considerado probado que CDC cobró 6,6 millones de euros en comisiones irregulares a través del Palau de la Música Catalana que Ferrovial pagaba en concepto de patrocinios pero que llegaban al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El tribunal condena por estos hechos al extesorero de CDC Daniel Osàcar a 4 años y cinco meses de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de falsedad contable, además de multarle con 3,8 millones de euros, según la sentencia hecha pública este lunes.

También han sido condenados Fèlix Millet, a nueve años y ocho meses de prisión; Jordi Montull, a siete años y medio, y Gemma Montull, a cuatro años y medio.

Según la sentencia, desde principios de 1999 hasta julio de 2009, el total de las comisiones satisfechas por Ferrovial a CDC ascendió como mínimo a 6,6 millones de euros y al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, de 3,5 millones.

DECOMISOS

Por eso, la Audiencia acuerda decomisar las ganancias obtenidas por CDC, por Millet y por Montull con este tráfico de influencias: 6.676.105,58 euros el primero, 2.804.716,29 euros el segundo y 701.179,07 el tercero.

Sin embargo, absuelve a los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elízaga de un delito societario de administración desleal y tráfico de influencias, al haber prescrito todos los delitos.

La sentencia considera probado que Millet, Montull y su hija Gemma Montull montaron un entramado a través del Palau de la Música que permitió la destinación ilegal de más de 23 millones de euros que sirvieron para beneficio particular de los responsables del Palau y el pago de comisiones a CDC y hubo además el correspondiente fraude a Hacienda.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Millet y Montull, desde diciembre de 2003, con la contribución de Gemma Montull, “pusieron en práctica una estrategia encaminada a disponer, ilícitamente, de cuantiosos fondos de la Asociación, la Fundación y el Consorcio (del Palau) para aplicarlos bien a gastos particulares de ellos o sus familias, bien a fines desconocidos”.

Considera que una de las acciones a través de las que Millet y Montull buscaron y obtuvieron un enriquecimiento personal a costa de los fondos de la Asociación y la Fundación fue mediar para establecer un sistema por el que la sociedad Ferrovial, mediante el pago de comisiones a CDC, “obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en Catalunya”.

Así, los dos principales acusados pactaron con el ya fallecido extesorero de CDC Carles Torrent –“sin excluir la participación de otras personas de esta formación que no han podido ser completamente identificadas o de quien su responsabilidad penal ha sido declarada prescrita”– que desde Ferrovial se entregaría dinero a CDC a cambio de que garantizara la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública anual.

Este entramado de pago de comisiones de obra pública, Millet y Montull contribuyeron a su creación, y después, con la llegada de Gemma Montull como directora financiera, a su “desarrollo, perfeccionamiento y mantenimiento”, poniendo a disposición de los exdirectivos de Ferrovial y de miembros de CDC toda la estructura económica del Palau.

Así –prosigue la sentencia– pudieron “ocultar el pago y cobro”, respectivamente, de las comisiones, bajo la forma de patrocinio y convenios de colaboración, y pago de facturas por servicios no prestados para el Palau.

COMISIONES DEL 4%

Según la Audiencia, la comisión que desde Ferrovial y CDC se pactó que pagaría la empresa a cambio de obra pública fue del 4% del importe del total de las adjudicaciones y se repartía del siguiente modo: 2,5% para el partido y 1,5% para Millet y Montull (y los dos responsables del Palau a su vez se lo repartían en un 80% para el primero y 20% para el segundo).

Todos estos detalles fueron confesados en el juicio que tuvo lugar entre marzo y junio por los propios Millet y Montull, que alcanzaron un pacto con Fiscalía para rebajar las penas, muy especialmente para Gemma Montull, para quien la Fiscalía pedía dos años de prisión y que finalmente ha sido condenada a cuatro años y seis meses, con lo que puede finalmente ingresar en prisión.

Además, la sentencia afirma que este “acuerdo criminal” se mantuvo ininterrumpidamente de 1999 a 2009, hasta que en julio de 2009 los Mossos d’Esquadra irrumpieron en el Palau de la Música.

Añade que las comisiones ilícitas pactadas por Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, con Millet, Montull, Daniel Osàcar y –antes que él– Carles Torrent, con destinación a CDC se hacían llegar a la formación política de forma “enmascarada”, sirviéndose de la estructura jurídico financiera del Palau.

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