Un inspector desvela que Hacienda persigue más a jubilados y empleadas de hogar que a empresarios

El expresidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado José María Peláez ha advertido este martes de que la Agencia Tributaria dedica gran parte de sus medios a controlar "pequeños fraudes o errores" de empleadas de hogar, jubilados y jóvenes. Peláez asegura que Hacienda realiza estos controles en lugar de dedicar los recursos a combatir el fraude más complejo y sofisticado.

Durante su participación en las jornadas de UGT 'Justicia social y fiscalidad', Peláez indicó que la Agencia Tributaria ha lanzado "miles de requerimientos" a empleadas del hogar y jubilados. A las primeras las obliga a tributar por sus "fabulosos" sueldos. Sin embargo, en muchas ocasiones Hacienda tiene que estimar, porque no dispone de lo que realmente cobran.

En el caso de los jubilados, el inspector de Hacienda alerta de que muchos de ellos han sido requeridos por la Agencia Tributaria para que paguen los impuestos correspondientes a las pequeñas pensiones que perciben por el tiempo que estuvieron trabajando en el extranjero, exigiéndoles en muchos casos importes que no pueden pagar. En cuanto a los jóvenes, se les pide la devolución de las deducciones de alquiler ante cualquier fallo que hayan podido cometer.

Un trato de favor hacia los grandes defraudadores

Peláez deja claro que la actuación de la administración tributaria en todos estos casos es la correcta desde el punto de vista legal. Sin embargo, apunta que el "sentido común" indica que habría que dedicar menos recursos a estos "pequeños fraudes o errores". Y más y mejores a los grandes defraudadores. Asegura que estos se "escapan" por la falta de medios humanos, materiales y legales.

"Si se comparan algunas de estas situaciones con el trato tan beneficioso que se ha dado a los defraudadores solo cabe sentirse avergonzado. Ejemplos son la reciente amnistía fiscal o las cartas de aviso que se les enviaron a los que tenían cuentas en Suiza para que regularizaran su situación sin sanciones", ha afirmado Peláez. También ha denunciado que  la Agencia Tributaria enfoca sus actuaciones "masivamente hacia los más débiles".

De la misma manera, ha reprochado que la conducta del defraudador no es sancionada "severamente". Ha recordado que en 2011 se enviaron 1.014 expedientes por delito fiscal a los tribunales por importe de 909 millones de euros. Más tarde, en 2015 se remitieron 341 expedientes por 442 millones. De hecho, de las 64.000 personas encarceladas en España, solo 150 lo son por delitos fiscales.

Nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria

A la vista de estos datos, tanto Peláez como el actual presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, José Luis Groba, han apostado por la creación de un nuevo Estatuto de la Agencia Tributaria. Esto ya lo anunció el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.

Concretamente, Groba ha pedido la aprobación de dicho estatuto para asegurar la independencia de la institución. Ha pedido que contemple el nombramiento del director general con causas tasadas de cese y por un periodo de cinco años. También apuesta por un contrato de gestión por dicho periodo aprobado por el Parlamento. Así como por una provisión de puestos de trabajo con el nombramiento mixto de directivos como el sistema francés y la modificación de la financiación de la Agencia Tributaria.

Igualmente, ha abogado por ampliar la capacidad investigadora del organismo. Otras de las medidas que ha propuesto son la creación las actuaciones de incógnito, la compra de información tributaria, el pago a confidentes y la regulación de la denuncia tributaria.

Groba también ha apuntado que en España el fraude fiscal en el IRPF alcanza entre el 15% y el 25% de los ingresos de este tributo.