Sometió a su mujer a continuos malos tratos. Le pegó. Le amenazó de muerte. Le contó que era un sicario. Y ahora que están divorciados le ha provocado lo que han llamado como un desahucio machista: no paga el alquiler de la vivienda, tal y como habían acordado tras separarse. Puede parecer la dramática historia de la última película de Hollywood, pero en realidad ha ocurrido en Palma. La víctima, G. F., prefiere mantenerse en el anonimato. Sin embargo, no le tiemblan las manos al describir con detalle a su agresor, su exmarido, condenado por la violencia a la que sometía a la que entonces era su mujer.

Fruto del convenio de separación, G. F. tiene una vivienda -en realidad, dos locales- en alquiler. Todo pagado de bolsillo de su ex, en teoría. “Se había comprometido a pagar la vivienda delante del juez”. Pero no lo hizo. ¿Y qué pasa en estas ocasiones? Que llega la citación del desahucio. Se da la circunstancia de que a ella aparentemente no se le tuvo en cuenta en el caso, a pesar de que era la mujer quien realmente residía en la casa, y no él. Relacionado con esto, se queja de que desde el juzgado número dos de violencia de género no se remitió el caso de esta pareja para que se valorara. Él fue condenado a 80 días de trabajos en beneficio por la comunidad por el maltrato sobre su ahora expareja.

Si él quería evitar que se echara a su ex de su casa, tenía que acudir al juzgado y formular su oposición por el desahucio. Si no lo hacía, iban a sacar a G. F. de su hogar el 14 de diciembre. Si acudía, el desalojo se produciría en marzo de 2018. Optó por la primera de las opciones, la más cómoda para él. “Es una forma más de maltratarme“, denuncia la víctima. Violencia económica. Habría tenido más tiempo para buscar una nueva vivienda con este sencillo gesto. Incluso intentó hablar con la familia del hombre para que le convencieran de acabar con la situación, pero nada cambió. El juez valoraba en casi 10.000 euros su deuda, que también debía pagar.

Por otra parte, se da el caso de que tiene que pagar 500 euros de manutención por sus dos hijos en común. Ese dinero sí que lo abona.

Su pequeña salvación fue la ayuda de la Oficina Antidesahucios. Mediaron con el propietario de los dos locales en los que G. F. vive para evitar que sacaran a la mujer de su hogar. Un pacto in extremis dio un mes de margen extra para buscar alguna vivienda alternativa. A cambio, el Ayuntamiento se comprometía a pagar los 500 euros del alquiler de esos 30 días.

Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo llegaron a ser pareja? “Me había vendido otra cosa, un rollo espiritual, algo que no existía y no era él”. Las mentiras le valieron en un primer momento para acercarse a ella. Pero al cabo de unos tres o cuatro meses comenzaron a producirse a mediados de 2015 episodios violentos. “En una discusión empezó a golpear todo, ahí tengo una puerta rota de puñetazos“. En su vivienda hay claros signos de los destrozos que provocó. Un trozo de espejo que ha desaparecido o esa puerta que se sostiene con una cuerda dan una idea de la violencia con la que actuó. De hecho, llegaron a separarse por un tiempo, pero después volvieron y ella se quedó embarazada de mellizos. Se casaron y recientemente se han divorciado.

No solo el mobiliario de su hogar ha sufrido sus ataques de ira. Ella también ha padecido sus brutales agresiones. “Me agarraba el cuello y de los pelos, me dio la cabeza contra la pared y me sacó un diente“. Con todo detalle, escenificó otro episodio que tuvo consecuencias para ella, que ocurrió a 10 días de haber parido. “Estaba cambiando al bebé en la habitación y me dice ‘tú no sabes’, me empuja y me tira, y yo con los puntos (de la cesárea) . Se me saltó uno y se me infectó”.

La violencia no era solo física. Le quitaba el móvil, le robaba dinero, el control que ejercía era alto. En un principio no era consciente de este maltrato, se dio cuenta cuando fue al psicólogo. Una vez se ve que su exmarido habló con su madre. Ella le contó lo que le dijo: “Estuve a esto de matar a tu hija y ahorcarla”, señala mientras muestra los dedos juntos. Incluso le separó de sus amigas. “Era un sinvivir”. “Él hacía todas las compras porque no me quería dejar dinero”, resalta G. F..

Sus bebés también entraban en algunas de las discusiones. Si bien ella no le dijo nunca que se los fuera a quitar, su ex así lo creía. “Como le hagas daño a mis hijos te juro por Dios que te mato” o “te piso el cuello si me quitas a mis hijos” eran las duras amenazas que se vio obligada a escuchar durante prácticamente dos años.

Las amenazas se habían convertido en parte de su vida. “Te voy a romper las piernas, no vas a ver de dónde va a venir el tiro”. Porque tenía armas, siete rifles según contó, ya decomisados. Y dormía con otra arma bajo la cama. Todas ellas, ilegales. Pero eso no era todo. “Me contaba historias de que era sicario“. Le detalló cómo actuaba. “Con esa arma ilegal me decía: ‘A la gente que no quería pagar le poníamos el rifle en la boca y se hacía caca y pis’, más allá de pegarle”. El miedo que le causó hizo que no se atreviera a denunciar en un primer momento. “Tiene 22 muertes y yo iba a ser la 23”.

Tras todos estos hechos, fueron a juicio por la violencia machista. G. F. ganó y su ex fue condenado. Además, se le puso una orden de alejamiento de 100 metros durante dos años. Pero eso no impidió que él pudiera generarle problemas, en este caso dejando de pagar el alquiler, como figuraba en el convenio de separación. De ahí surgió el desahucio machista. Revivirá el hecho de que le pongan de patitas en la calle, como ya le ocurrió en 2011. Ahora solo queda ver a dónde va ella cuando el 13 de enero acabe definitivamente en la calle.

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