Foto: Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Lezo’, Manuel García Castellón, que cite a declarar en calidad de investigados a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, entre los que se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo –actualmente presidente de Adif–, colaboradores cercanos del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón.

Además de Calvo y Bravo, en esa lista están Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

En su escrito, el Ministerio Público pide también la imputación del entonces director gerente de la empresa pública de aguas, Arturo Canalda, y de Pablo López de las Heras, José Antonio de Cachavera por su presunta participación en la ejecución del proceso de adquisición de la filial colombiana, que habría supuesto un desfalco de 70 millones de dólares para el Canal.

Asimismo, quiere que comparezcan como imputados Salvador Cardona, Javier Vilaplana, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios, Santiago García Benavides y Ángel Conde por su posible participación como compradores, vendedores y gestores de Inassa a través de distintas empresas interpuestas.

De igual modo, la Fiscalía solicita que se investigue al exconsejero de Canal Extensia SA Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, por haber intervenido supuestamente en “aspectos relevantes” de la compra de la filial colombiana del Canal, y a Diego Fernando García Arias, vinculado a Inassa en el momento que se concretó la operativa.

“CÚMULO DE IRREGULARIDADES”

Anticorrupción, que ve evidente “la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición por el ente público de esta sociedad colombiana”, pide por tanto numerosas diligencias al juez, dada la “complejidad de la investigación y la necesidad de impulsarla al estar en una fase muy incipiente”.

Para empezar, reclama al magistrado instructor que solicite a la Comunidad de Madrid documentación sobre el acuerdo del Consejo de Gobierno del 29 de noviembre de 2001 que autorizó la compra de Inassa para que la entregue en un plazo no superior a diez días.

Entre esa documentación, el fiscal quiere que se aporte una “identificación completa de todos los miembros del Gobierno” de la Comunidad en ese año, que presidía Gallardón, así como el acta de la reunión en que adoptaron dicho acuerdo sobre Inassa. También pide “testimonio de la totalidad de la documentación que se le trasladó a los miembros de dicho Consejo para valorar esta operación y, consecuentemente, sustentar su decisión, especificando claramente si se les trasladó el mismo dossier de documentación” que aprobó el Canal de Isabel II.

Fuentes de Anticorrupción han explicado a Europa Press que conocer toda esta información es fundamental para la investigación con el objetivo de saber exactamente qué consejeros asistieron a la reunión del Consejo de Gobierno y qué grado de conocimiento tenían sobre la operación para adquirir la filial colombiana.

Asimismo, el Ministerio Público solicita al magistrado García-Castellón que, entre otras diligencias, reclame al Canal toda la información de que disponga sobre los acuerdos, así como numerosa documentación que haya disponible sobre todo el proceso de compra de Inassa.

ASÍ FUE EL DESFALCO

Según el relato de los hechos que hace el fiscal, la adquisición irregular de Inassa, que constituye la pieza 1 de la investigación que dirige García Castellón por la trama Lezo, se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.

Esta operativa paralela fue diseñada por Arturo Canalda, José Antonio de Cachavera y Juan Pablo López Heras, que gestionaron la adquisición de Inassa de una forma muy diferente al acuerdo de compra que se rubricó en el consejo de administración celebrado el día 8 de octubre de 2001 a petición del propio Canalda.

Por tanto, aunque la operación se autorizó formalmente en el consejo de administración del 14 de noviembre de 2001, lo cierto es que seis días antes ya estaba concedido el aval bancario definitivo para adquirir Inassa así como redactado el acuerdo de compraventa de acciones de la sociedad panameña, creada con la finalidad de canalizar los intereses de los implicados en la operativa.

AUTORIZACIÓN DE GALLARDÓN

El acta levantada de ese consejo no hizo referencia a la sociedad panameña, pero en el dossier puesto a disposición de los consejeros del Canal se mencionó e incluso se desaconsejó la compra mediante la panameña, según el escrito que describe que el siguiente trámite fue remitir el expediente al consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid.

El 29 de noviembre se dictó acuerdo por parte del Gobierno madrileño autorizando al Canal la creación de Canal Extensia y la adquisición del 75 por ciento del capital social de Inassa por 73 millones de euros. Ese acuerdo está firmado por los entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y consejero de Hacienda, Juan Bravo.

Hasta la fecha no obra en el sumario de la trama Lezo ni el acta redactada por el Consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar el acuerdo. Información, a juicio del fiscal, “esencial” para poder avanzar en la investigación “y solicitar la declaración judicial” de los consejeros de Gallardón que adoptaron el acuerdo, reza el escrito.

El fiscal también resalta en su escrito que uno de los socios iniciales de Inassa en su constitución en el año 1996 fue la sociedad General de Aguas de Barcelona SA (AGBAR) que, en el año 2000, vendió su participación en la colombiana precisamente a la sociedad pantalla que participó en la operativa, detrás de la cual se encontraban empleados de la sociedad general de aguas.

Entre las citaciones en calidad de testigo por este caso que propone la Fiscalía, el escrito menciona a José Ferrán, expresidente Consejo de Administración de Tecvasa; Manuel Josep Lerma, representante de la CAM que firmó el aval concedido a Tecvasa para financiar la operación; Alfonso Rodríguez Rabadán, empleado de la CAM que firmó el acuerdo; y Ciril Rozman Jurado, ex director económico financiero de la sociedad Aguas de Barcelona SA.

También propone a Borja Oria, trabajador en el momento de los hechos en banco inversor Rothschild España SA; Fernando Troya, exasesor del Canal; Luis Gonzalo González García, receptor en nombre del Canal de la invitación hecha por Rothschild para participar en la licitación internacional de Inassa; Gregorio Arias y Javier Malía, encargados de la valoración que aportó la filial colombiana; y Rafael Merino López-Brea, ex consejero del Canal que no acudió a la reunión en que se aprobó la compra.

Asimismo, pide la citación de personas que intervinieron en la preparación y elaboración de los distintos informes, muchos de ellos borradores, que obran en las actuaciones realizados por Cuatrecasas, Garrigues & Andersen, Pricewaterhousecoopers y ATJ Consultores SL.

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