María Núñez Bolaños

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla para su enjuiciamiento la pieza separada contra el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo en relación a las cuatro ayudas de los ERE fraudulentos por un montante total de 1.475.028,01 euros que concedió el primero y parte de las cuales supuestamente habrían ido destinadas a la compra de cocaína, copas y antigüedades.

En una diligencia de ordenación facilitada por el TSJA, consultada por Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla remite en formato digital esta pieza separada del caso ERE a la Audiencia Provincial para su reparto y posterior enjuiciamiento, todo ello una vez concluida la fase intermedia.

La letrada de la Administración de Justicia informa en esta resolución de que esta pieza separada consta en formato papel de 7 tomos, 14 partes, 3.009 folios y 10 piezas de responsabilidad civil.

Se trata de la cuarta pieza de los ERE que la juez eleva a la Audiencia para su enjuiciamiento tras las relativas a las ayudas a Surcolor y Acyco –que enjuiciará la Sección Tercera– y la pieza relativa al procedimiento específico de los ERE, donde están acusados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos de la Junta y que ha recaído en la Sección Primera.

El pasado mes de abril, la juez abrió juicio oral e impuso una fianza de 1,9 millones a Guerrero y de 2,1 millones a su exchófer por presuntos delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Asimismo, abrió juicio oral por delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita contra el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares, al que impuso una fianza de 585.000 euros, y contra el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, que deberá hacer frente a una fianza de 158.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para Guerrero y su exchófer, mientras que ha solicitado seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.

“FALSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN”

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Guerrero y Trujillo, “personal laboral fijo de la Junta con categoría de conductor, asignado” al primero, a fin de “poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos” que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo con cargo a la partida 31L, “idearon inicialmente la constitución” de sociedades mercantiles “para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión”.

Al hilo, precisa que estas sociedades son Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, añadiendo que Guerrero, “sin que conste ninguna solicitud de ayuda” por parte de ambas empresas y “sin la tramitación de expediente administrativo alguno”, suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba que se había concedido sendas subvenciones de 450.000 euros a dichas empresas.

En ambos casos, y “para poder allegar” los 900.000 euros de fondos públicos a estas mercantiles, Guerrero suscribió el 16 de febrero de 2004, redactado por él mismo, un convenio de colaboración con el antiguo IFA para encomendarle el pago de la ayuda en el que, “a sabiendas de su falsedad”, se recogía que el 5 de febrero de 2004 habían presentado ante la Dirección de Trabajo la solicitud de ayuda, plan de inversiones y de viabilidad, así como que la documentación acreditativa obraba en poder de dicha Dirección General.

Asimismo, asevera que Guerrero y Trujillo, “de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron” que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, “sin fecha”, para el emplazamiento de una granja avícola, “en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros”.

“SIN COMPETENCIA LEGAL”

De este modo, y “sin la tramitación de expediente administrativo alguno”, Guerrero suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba, igualmente, que se había concedido dicha ayuda a la empresa de Isidoro Ruz Espigares, Ave Nueva S.L., para lo cual también suscribió un convenio de colaboración con el IFA.

Anticorrupción afirma que, en la tramitación del pago de estas cantidades como ayudas o subvenciones a las tres sociedades mencionadas, “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido, concediéndose por Guerrero sin competencia legal para ello”.

A su juicio, el importe de 450.000 euros de cada una de las “supuestas” ayudas fue fijado “de propósito” por Guerrero “para evitar” que, conforme a la normativa reguladora de las competencias del Consejo Rector del IFA, este órgano las aprobase.

La Fiscalía añade que Trujillo, como persona autorizada en las
cuentas bancarias de las tres sociedades, “dispuso” del total de 1.350.000 euros transferidos por IDEA “como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron para de forma engañosa justificar la concesión de las ayudas”.

COMPRA DE FINCAS RÚSTICAS

Todo ello, además, “siendo evidente que en ningún caso las tres sociedades se constituyeron para iniciar una actividad empresarial sino para canalizar para disposición de los encausados fondos públicos de la Junta de Andalucía”, asegura la Fiscalía, que agrega que, con estas ayudas, el exchófer de Guerrero “financió compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos”.

Asimismo, y según la Fiscalía, Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca.

De su lado, y con los fondos transferidos a estas tres empresas por IDEA, Guerrero “recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína” por parte de su chófer”, todo ello “sin que se haya podido cuantificar su importe pero constituyendo éste un porcentaje importante de éstos fondos”.

La Fiscalía concluye que el destino que los encausados dieron a los fondos percibidos “supuso no sólo una merma importante en la disponibilidad presupuestaria para atender la finalidad del programa 3.1L –ayudas sociolaborales y a empresas en situación de crisis–, sino también un grave perjuicio a la actividad a desarrollar por la administración de la Junta ante las ciertas, concretas y singulares situaciones de crisis socioeconómica de la comunidad autónoma, privando a empresas andaluzas, en situación real de crisis, de concurrir y acceder a estas cantidades”.

En el escrito de acusación, agrega que, en abril de 2007 y “al no disponer de liquidez para poder atender” todos los gastos reflejados anteriormente, Guerrero y Trujillo contactaron con Antonio Albarracín para que, figurando como tomadora la Dirección de Trabajo, se preparara una póliza de seguros en la cual debía de figurar como persona asegurada y beneficiaria de la misma Estrella Blanco, madre de Trujillo.

Así, Trujillo “imitó” la firma de su madre, que recibió en su cuenta bancaria 120.028,01 euros y que, “ajena a todo lo expuesto, hacía reintegros de estas cantidades entregándoselas a su hijo, el cual las
empleaba para seguir atendiendo gastos propios y las entregas en efectivo, invitaciones y compra de cocaína” para Guerrero.

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