La mujer acusada de allanar la que había sido su vivienda habitual diez años después de haberse separado de su pareja ha asegurado este lunes ante el jurado de la Audiencia Provincial que ella y su hija consideraban que no tenían que pedir permiso a su ex pareja para instalarse allí, porque la acusada es propietaria al 50 por ciento del inmueble tras haber pagado 60.000 euros, según ha defendido.

La mujer ha sostenido que cuando ambas accedieron a la vivienda ubicada en Bunyola –algo que hicieron de día y utilizando sus propias llaves– se encontraron que la casa estaba en estado de abandono y que los perros de la finca eran alimentados por dispensadores automáticos. También ha negado que cortaran cables del teléfono o que bloquearan con pegamento la habitación del padre.

El matrimonio tenía dos hijos en común. En 2004, una crisis condujo a la separación fáctica del matrimonio en mayo. En ese momento, puesto que la convivencia “se había hecho insoportable”, la mujer alquiló un apartamento en Palma donde estuvo viviendo unos diez años y en el que ocasionalmente pernoctaban sus hijos, si bien ha subrayado que todavía tenía enseres en la casa de Bunyola y que continuaba empadronada allí.

Además, la acusada ha insistido en que de vez en cuando iba a dormir a la casa de Bunyola con alguno de sus hijos. Con todo, ha dicho que se tuvo que marchar del apartamento de Palma después de que su ex pareja –que actualmente continúa siendo su marido– se negara a pagar la mitad de los gastos de la oposición de su hija. “Yo asumí todos los gastos y tuve que dejar de pagar el apartamento, y por eso me tuve que ir”, ha contado.

Según ha relatado, en 2014 accedió a la vivienda con sus llaves, como había hecho otras veces, y se instaló allí con su hija. El otro hijo del matrimonio les ayudó para trasladar maletas y enseres. La acusada ha explicado que no le habían pedido permiso nunca al padre para usar la casa y que consideraban que no tenían que hacerlo, puesto que ninguno de los dos cónyuges tiene derecho exclusivo a su uso.

Además, la mujer había suscrito un contrato de compraventa del 50% del inmueble, por el que había pagado 60.000 euros, y como copropietaria consideraba que tenía derecho a vivir dentro de la casa.

CASA “ABANDONADA”

La madre ha mantenido que encontraron la casa “abandonada”, que faltaban persianas, los muebles de la terraza estaban “asquerosos”, la piscina “impracticable” y que incluso había una viga “a punto de caer”.

También ha subrayado que los perros de la finca estaban siendo alimentados por dispensadores automáticos, por lo que sospecha que su ex pareja no estaba residiendo allí sino que sólo iba algunos días a la semana para reponer los dispensadores.

Según la acusada, desde que madre e hija entraron en la vivienda, el hombre ha empezado a pernoctar todas las noches en la misma. “La situación era muy tensa para mí, pero yo me quedé”, ha dicho.

MANTIENE QUE EL HOMBRE SE NEGÓ A VENDER O ALQUILAR LA CASA

Asimismo, la acusada ha alegado que pidió “mil veces” a su ex pareja alquilar o vender la propiedad después de haberse separado y que al principio le dio “largas” y finalmente “un no”. Sin embargo, no llevó el tema a los juzgados de paz hasta 2014 porque pensaba que podían “arreglarlo entre los dos dialogando” y porque judicializarlo supondría “meses de espera”.

Por otro lado, la mujer ha admitido que nunca ha pagado los suministros de la casa, hasta que, después de instalarse en contra de la voluntad de su ex pareja, éste le cortó el agua, según la versión de la acusada. Por ello ha tenido que empezar a pagar traer agua en camiones, lo que le cuesta “el triple”, ha protestado.

La mujer ha indicado que también compra ella las bombonas de butano y, en cuanto a la electricidad, ha declarado que el denunciante le ha reducido la potencia “a un tercio de la necesaria”. Sobre esto, ha dicho que le ha pedido poner a su nombre los recibos pero que el denunciante se ha negado.

EL ABOGADO DEFENSOR CREE QUE ESTÁN “INSTRUMENTALIZANDO LA VÍA PENAL”

Al inicio del juicio, el abogado de la madre y la hija ha mantenido que la acusación “no se sostiene” y que la vivienda era “el domicilio de toda la familia”. Ha recalcado que todos los miembros de la unidad familiar estaban empadronados allí, que conservaban sus efectos personales dentro y que “nunca hubo una desocupación definitiva de la vivienda”.

El abogado ha subrayado que el denunciante “no tiene ningún derecho o título que impida que el resto de miembros de la familia entren en la casa” y que en su denuncia “se arroga ser el propietario único de la vivienda”. Con todo, el letrado cree que el padre está “instrumentalizando la vía penal para ganar lo que no se ha ganado por la civil”.

“¿Son culpables por entrar en su casa o la casa de sus padres sin que el padre tenga ningún título para oponerse?”, se ha preguntado.

Inicialmente las dos mujeres también estaban acusadas de una falta de coacciones por presuntamente bloquear con pegamento la puerta de la habitación del padre –extremo que ambas han negado–, pero finalmente esta acusación no ha llegado a juicio.

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