La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de la Audiencia Provincial de Baleares ha dictado un auto en el que acuerda continuar la instrucción del caso Minerval respecto al principal investigado, el catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Pablo Vicente Escribá.

De este modo la Audiencia revoca la resolución del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, que en septiembre decidió archivar el caso, al estimar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la Universidad.

Cabe recordar que junto a Escribá estaban investigadas otras cuatro personas, entre ellas su pareja, otro catedrático de la UIB y personas vinculadas a la Fundación Marathon, por una presunta estafa en la venta de ácido 2-hidroxoleico (Minerval) como medicamento contra el cáncer.

El procedimiento se inició por una denuncia interpuesta por Fiscalía en febrero. Con todo, el auto de la Audiencia acuerda continuar investigando solamente a Escribá.

LA FISCALÍA RECALCÓ QUE LOS COMPRADORES ESTABAN “DESESPERADOS”

La Fiscalía recurrió el archivo por considerar indiciariamente que los hechos atribuidos a Escribá pueden ser constitutivos de un delito de estafa. La acusación pública también argumentó que no se había tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad de los compradores, personas en estado terminal y sus familiares, o la actividad del catedrático “al margen de todo cauce legal”.

La fiscal también recalcó que el ácido se encontraba en fase experimental y no había sido autorizado como medicamento si bien había dado resultado en algunos pacientes. También destacó el provecho que obtenía el investigado con su venta y adujo que la publicidad del producto inducía a los compradores a creer en su eficacia contra el cáncer sin corresponderse con la fase experimental en la que realmente estaba.

En síntesis, la Fiscalía subrayó que se trataba de “un reputado catedrático” que había proporcionado a cambio de un precio “un potencial fármaco” “al margen de los protocolos establecidos y con perfecto conocimiento de ello”, desde al menos el año 2004, a personas “en una situación desesperada”.

EL TRIBUNAL RECHAZA LAS MEDIDAS SOLICITADAS POR LA DEFENSA

En cuanto a las defensas, solicitaron la confirmación del sobreseimiento e incluso pidieron que se deduzca testimonio de algunos de los testigos que declararon a instancias del Ministerio Fiscal por un posible delito de falso testimonio, una posibilidad que el Tribunal ha descartado.

De hecho, la Sala señala que la defensa “se deshace en descalificaciones a los testigos” utilizando “expresiones poco apropiadas al uso forense”.

Asimismo, la defensa argumentó que varios testigos negaron haber sido engañados y que “no hay dato alguno” que apunte a que los investigados vendieran un producto inocuo con el objetivo de enriquecerse.

En concreto, la defensa recalcó que algunos de los testigos que propuso señalaron que estaban “perfectamente informados” de que el producto era un nutracéutico del que no se aseguraba su eficacia curativa, y que el dinero fue aportado voluntariamente y destinado a la Fundación Marathon como entidad sin ánimo de lucro.

LOS HECHOS DEBÍAN ATRIBUIRSE SÓLO A ESCRIBÀ

En el auto decretando el archivo, el juez de Instrucción número 9, Enrique Morell, señalaba que “la distribución, comercialización, prescripción y dispensación del Minerval a cambio de donaciones” debía atribuirse “únicamente al denunciado Pablo Escribá”, que “era quien recibía personalmente a los compradores y tramitaba los pedidos”.

El auto entendió que no existía engaño suficiente para ser considerado delito de estafa porque los testigos sabían que el producto estaba en fase experimental.

Ahora, la Audiencia ha analizado las diferentes declaraciones de los testigos y si bien coincide con el juez instructor en que el catedrático “informó verazmente” a los interesados pero considera que no puede cerrarse la instrucción sin analizar otra vertiente de los hechos, el provecho que obtendría Escribá con la venta del ácido, en función de las cantidades entregadas a la Fundación Marathon y a Begafarma y su destino.

“No apreciamos que haya avanzado lo suficiente la investigación como para poder concluir, respecto a este tema, que procede el sobreseimiento por no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito”, razonan los magistrados.

Es decir, la Audiencia confirma que no ha habido engaño relevante en la información facilitada por el producto pero cree que debe profundizarse en la investigación acerca del precio de la sustancia sintetizada y el destino que se dio a los fondos aportados por los afectados.

“Aun cuando se descarte el engaño, se percibieron importantes cantidades por la administración del producto y debemos conocer si ello se obtuvo de una forma justificada, amparada en el coste del mismo o bien ofreciendo información inveraz sobre su precio de adquisición”, concluyen.

LOS TESTIGOS

La Audiencia analizó los testimonios aportados a la causa, entre ellos el de una persona que pagó 18.000 euros por un kilo de Minerval importado desde Estados Unidos, supuestamente a precio de coste sin beneficio para Escribá. La paciente –madre del testigo– finalmente falleció, pero no reprochó nada a los investigados porque sabía “que no había muchas posibilidades de éxito”.

Otro testigo conoció el producto por Internet y se lo recomendó un conocido cuyo padre se había recuperado tras tomarlo. Consiguió el ácido haciendo transferencias bancarias a la Fundación Marathon como donación, en total 4.140 euros en cuatro operaciones.

Otros testigos señalaron que habían pagado 4.000 euros y 20.000 euros en dos transferencias por el producto, para comprarlo de Estados Unidos, si bien esta última cantidad les fue devuelta tras fallecer la paciente porque el pedido llegó tarde. El tumor de su madre se había reducido, pero estaba ya en fase terminal.

La Sala ha analizado los testimonios de varios afectados más, que aportaron versiones similares tanto a la Policía como al juez.

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