Foto: Europa Press

El vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, y otros tres exconsellers del Govern han alegado en un recurso ante la Audiencia Nacional que sufren “una situación de indefensión evidente”, con su encarcelación desde el pasado jueves, en dos prisiones de Madrid.

En su recurso de reforma, presentado ante la magistrada Carmen Lamela y al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de estos cuatro investigados –de Junqueras y de los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa– reclama que se inadmita la querella de la Fiscalía que dio origen a la causa.

El abogado está plenamente convencido de la inexistencia de responsabilidad penal: “Ni existe delito de rebelión, ni de sedición, ni malversación de caudales públicos, ni prevaricación ni desobediencia”, sostiene en su escrito.

Dice que no puede tolerarse lo que considera una “deriva reinterpretativa que se está adueñando tanto de las acciones presentadas por el Ministerio Fiscal como de las resoluciones judiciales que las apoyan”, porque cree que se están haciendo interpretaciones extensivas de la ley en perjuicio de los investigados.

El recurso presentado impugna la querella en base a tres argumentos: la supuesta inexistencia de competencias de la Audiencia Nacional para instruir este caso; la supuesta irregular tramitación del procedimiento y la fianza de responsabilidad civil, que cree improcedente.

Reitera su oposición a que la Audiencia Nacional pueda investigar delitos de sedición y rebelión y aluden a un auto de la misma Audiencia de diciembre de 2008 que determinaba su incompetencia: “Es un precedente conocido incluso a nivel ciudadano, más allá incluso de la órbita de los juristas”.

“Que la literalidad de la ley es contraria a la competencia para instruir de la Audiencia Nacional es evidente y seguramente por ello el auto impugnado tiene que dedicar cinco páginas a explicar por qué asume la competencia”, lamenta en su escrito.

En cuanto a la tramitación del procedimiento, el recurso recuerda que hay distintas causas abiertas por el proceso independentista repartidos en varios juzgados de forma paralela, “perjudicando con todo ello a los investigados y a sus posibilidades de defensa eficaz”.

ESCENARIO “DESOLADOR PARA LA DEFENSA”

“El escenario es desolador para la defensa: múltiples procesos con objetos total o parcialmente coincidentes, funcionando paralelamente, en jurisdicciones incompatibles”, dice la defensa, que recuerda que un juzgado de instrucción de Barcelona y el Tribunal Supremo investigan también supuestos delitos de sedición y rebelión por el proceso independentista.

Sobre la responsabilidad civil impuesta –6,2 millones de euros para todo el Govern cesado, incluyendo al expresidente Carles Puigdemont–, el abogado lamenta que se haya pedido incluso antes de haber citado a los investigados y sin estar presente el letrado.

Insiste en que la jueza “no explicita ningún argumento basado en razones para determinar la procedencia del aseguramiento de responsabilidad civil”, y lo ve una forma indirecta de sustentar la concurrencia de un supuesto delito de malversación.

Ante esto, el letrado considera que “lo correcto hubiera sido determinar la existencia de indicios de uso irregular de fondos públicos para, entonces, analizar la convivencia de la fianza” y, por todo ello, pide inadmitir la querella o subsidiariamente se remita al órgano judicial competente para su investigación y se revoque la decisión de requerir a los investigados la fianza.

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