El Ministerio de Hacienda ha dirigido un escrito de 23 páginas a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en el que denuncia la utilización de dinero público en el referéndum ilegal de independencia que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en Cataluña, y le pide que determine cuánto dinero del erario público emplearon tanto a través del Ejecutivo catalán como de las asociaciones ANC y Òmnium. Además, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro reclama que se identifique a los responsables de la Generalitat catalana y a los de ambas asociaciones independentistas y se fijen las indemnizaciones que procedan.

El escrito, recogido por Europa Press, está firmado por el Secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y en el se recogen los más de 14 requerimientos que envió el Ministerio de Hacienda al Gobierno de Carles Puigdemont para exigir información sobre, entre otras cosas, las partidas de dinero público que se podían estar destinando al referéndum del 1 de octubre, como una de 3,43 millones de euros bajo el epígrafe “publicidad, difusión y campañas electorales”.

En el texto se incluyen también las contestaciones de la Generalitat, consideradas incompletas o insatisfactorias por parte de Hacienda, así como los cuatro escritos remitidos por el Ministerio a la Fiscalía General del Estado a lo largo de los meses de septiembre y octubre poniendo estos hechos en su conocimiento.

Entre ellos, el incumplimiento de los requerimientos de información que se habían cursado al DIPLOCAT ante la sospecha de que este organismo de la Generalitat pudiera estar pagando con dinero público a los observadores internacionales.

La carta hace un recorrido de los hechos desde el 9 de noviembre de 2015, cuando el Parlamento de Cataluña aprueba con los votos de Junts pel Sí y la CUP el “inicio de un proceso constituyente no subordinado” en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015.

El secretario de Estado resume los trabajos realizados en el Parlamento catalán en ese sentido y la resolución por la que insta al Ejecutivo de Puigdemont a realizar un “referéndum vinculante” sobre la independencia, así como el compromiso de éste de “garantizar la dotación económica suficiente” para llevarlo a cabo y sus normas complementarias, como el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

Tras este relato, se exponen las “innumerables” declaraciones públicas de miembros de la Generalitat de Cataluña para “manifestar la existencia de medios materiales y humanos”. Y cita: la presentación pública de las urnas; el número de estas y de colegios; el transporte de las mismas a los colegios teniendo en cuenta que eran 2.315 centros de votación; el empleo de las infraestructuras de éstos –agua, luz, limpieza y gastos de personal–; la campaña institucional así como los medios informáticos empleados en el 1-O.

Sobre estos últimos se detiene en los llamamientos realizados tanto por Puigdemont como por Junqueras para que los ciudadanos utilizaran para votar aplicaciones en las redes sociales. Así, el presidente de la Gneralitar anunció a través de Twitter una que está registrada a nombre de Catalonia Voting Software para consultar la información del censo; mientras que el vicepresidente publicó tres nuevas maneras de conocer el censo: por la aplicación de mensajería Telegram, por Twitter y a través de una dirección de correo electrónico.

El secretario de Estado de Hacienda destaca también el papel “principal” llevado a cabo en la “organización, promoción y presunta financiación de la actuación ilegal” del referéndum del 1-O por parte de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural y denuncia que pueden haber empleado “fondos públicos”, ya que se nutren de ellos, para realizar actividades “ilegales o contrarias a las resoluciones de los Tribunales”. Apunta, en este sentido, que ambas asociaciones repartieron 1 millón de papeletas de votación.

En este punto, recuerda al Fiscal del Tribunal de Cuentas, que la “aparente utilización de recursos públicos” por ANC y òmnium está siendo objeto de investigación policial y judicial.

MAS DE 14 REQUERIMIENTOS Y VARIAS REITERACIONES

Tras esta exposición, el Ministerio relata las actuaciones que Hacienda ha llevado a cabo tendentes a conocer el dinero público destinado al 1 de Octubre, con el envío de 14 requerimientos y varias reiteraciones de los mismos a la Generalitat, así como los cuatro escritos remitidos al Fiscal General del Estado dando cuenta de los incumplimientos del Gobierno catalán con sus cuentas.

Aunque finalmente acaban concluyendo que la cuantificación “no resulta posible” en este escrito de denuncia “precisamente por el ánimo de ocultación de la financiación de la secuencia de actuaciones”.

Así, relata un primer requerimiento de julio, en el que piden al Gobierno de Puigdemont que remita la información relativa al programa 132 “organización, gestión y seguimiento de procesos electorales” de los Presupuestos de Cataluña para 2017; otros sobre la remisión de los certificados semanales sobre las cuentas; la justificación de la financiación de la web institucional que fomenta la participación en el referéndum ilegal; la relación de acreedores pendientes de pago y las partidas de crédito afectadas por el acuerdo de no disponibilidad de crédito.

Entre ellos, destaca la petición de explicación de una partida dotada con 3,43 millones de euros para “publicidad, difusión y campañas electorales”; el dinero destinado por el DIPLOCAT para pagar a un grupo de expertos internacionales para el seguimiento del referéndum y la decisión de la Subdirección General de Recursos Humanos de no computar la ausencia de los trabajadores públicos en la huelga convocada el 3 de octubre.

El secretario de Estado de Hacienda explica que las explicaciones dadas por la Generalitat fueron “incompletas” y recuerda la reiteración de algunos de estos requerimientos, así como los 4 escritos enviados al Fiscal General del Estado en los que pone de manifiesto el hecho de que Cataluña deja de aportar información semanal; no aporta la relación de contratos de auditoría o prestación de servicios bancarios requeridos; no explica la partida de publicidad de 3,43 millones o no responde sobre los expedientes de gasto del DIPLOCAT.

ÁNIMO DE OCULTACIÓN

La carta explica que Hacienda no puede determinar quiénes son todos los responsables del Gobierno de Cataluña en la utilización de recursos públicos para el 1-O, ni de las asociaciones CAN y Òmnium, como tampoco puede establece la cuantía de los malversado debido, dice, al “ánimo de ocultación”.

Por ello, pide a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que realice las actuaciones oportunas para determinar quiénes son los responsables, defina el importe de los daños causados al erario público y determine el importe de las indemnizaciones que proceda.

En su escrito, recuerda que según la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, cabe imputar responsabilidad de las decisiones dañosas a “quienes determinan, impulsan y dirigen la acción administrativa”. Es decir, que cabe considerar sujeto susceptible de ser enjuiciado por eventuales responsabilidades contables a todos los que participan de forma determinante en decisiones de gasto o de gestión de fondos públicos”.

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