El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha pedido deducir testimonio de la testigo protegida número 31 de la macrocausa policial por un posible delito de falso testimonio y denuncia falsa en una acusación contra dos agentes de la Policía Nacional.

Se trata de la ‘madame’ que, según contó inicialmente a los investigadores, regentaba un prostíbulo al que presuntamente acudían policías y políticos involucrados en la trama, y que hace unos días cambió su versión, según abogados de la defensa.

En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, el fiscal Carrau pide investigar si la testigo mintió en una denuncia reciente sobre que dos personas identificadas como policías nacionales habrían entrado en su domicilio y la habrían coaccionado y amenazado para que afirmara que el juez y el fiscal la habían guiado en sus declaraciones en la macrocausa. En este sentido, el fiscal no alude al resto de las declaraciones de esta testigo recogidas en el sumario.

Esta denuncia que cuestiona el fiscal Carrau se produjo el pasado 25 de septiembre. La testigo protegido aseguró que había sido coaccionada y amenazada de muerte por el entorno del Grupo Cursach a través de unas personas que identificándose como policías nacionales se personaron en su domicilio. La mujer explicó que le habían arrebatado toda su documentación y le comunicaron que debía denunciar que el fiscal y el juez le habían guiado en todas las declaraciones prestadas en la macrocausa.

Según su versión, cuando ella se negó estas dos personas le ofrecieron salir de España para que no declarara más en la causa.

En su denuncia la mujer aseguró que “no es verdad” que el fiscal y el juez le habían enseñado las fotos de las personas a las que tenía que inculpar. También habló de una supuesta estrategia planeada para destruir la credibilidad de otro testigo protegido que ha sufrido episodios de amenazas.

La Policía investigó esta denuncia y el pasado 20 de noviembre presentó un informe en el que concluía que los hechos denunciados en lo que respecta a los dos funcionarios de la Policía Nacional señalados no eran ciertos.

En este informe, la Policía apunta la posibilidad de que la testigo inventara una historia “sobre la marcha” para justificar no volver a declarar en la causa ni acudir a juicio “sin que pareciese ser una decisión unilateral”.

Por ello, el fiscal ha interesado el sobreseimiento de esta investigación y que se depuren las responsabilidades “por unas amenazas que fueron denunciadas y que ahora se acreditan como mendaces”. También pide levantar el secreto respecto a estas actuaciones.

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