Foto: Europa Press

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado este martes, al hilo de la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil en torno a la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira, por su posible implicación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, que el Estado de Derecho garantiza que “quien incumple las normas debe asumir su responsabilidad”.

Durante el coloquio tras intervenir en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Grupo Abades, DKV y Orange, Catalá ha explicado que “hay una investigación que parece acreditar que Rovira también ha contribuido a la comisión de un delito”, de manera que “si eso es así se formalizará la querella, si tiene fundamento, y un juez independiente analizará y llegará a una conclusión”.

“Ese es el funcionamiento del Estado de Derecho, a nadie le debería sorprender ni preocupar”, ha agregado antes de recalcar que “la garantía es que la democracia funciona gracias a labor cotidiana de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los jueces y de los trabajadores de la Justicia, que hace que todos seamos iguales ante la ley”. “Que todos sea iguales, que nadie esté por encima de la ley y que quien incumple las normas debe asumir su responsabilidad”, ha remachado.

El titular de Justicia ha advertido de que la investigación judicial que se está llevando a cabo por el movimiento secesionista en Cataluña “está generando una reflexión social sobre que esto es un asunto político de discrepancias”, si bien ha querido dejar claro que se trata “de infracciones muy graves del Código Penal, que está castigado con muchos años”. “Cuando se cometen delitos estamos en otro plano, ya no es debate o discrepancia, son las reglas de convivencia del Código Penal, que nos dice qué conductas son delictivas”, ha apuntado.

En este contexto, como ha explicado, se han presentado múltiples querellas contra personas del Parlamento y del Gobierno catalán, así como de organizaciones sociales y otros que “que han colaborado a la comisión de delitos, pero no por discrepancias políticas”. Así, ha incidido que en esos términos, “quien pueda tener una responsabilidad, tendrá que explicar las circunstancias ante los tribunales”.

LA SITUACIÓN DE LOS EXCONSEJEROS “PUEDE CAMBIAR”

De otro lado, y ante los exconsejeros catalanes que permanecen en prisión y que han pedido volver a declarar ante el Tribunal Supremo, una vez que esta instancia ha asumido parte de la causa que llevaba la Audiencia Nacional; Catalá ha señalado que “si las circunstancias cambian, pueden cambiar las consecuencias de los investigados”, en caso de que asuman el 155.

El titular de Justicia ha subrayado que “las decisiones que se han tomado en esta materia, en términos de medidas cautelares, han sido fruto de las distintas circunstancias” de cada unos de los procesados en función de los posibles delitos cometidos, en la autoría hipotética de las personas o incluso en función de la actitud que han mantenido.

En este sentido, Catalá ha apuntado que “hay personas huidas de la Justicia en España de manera vergonzante, que huya de noche en un vehículo una persona que ha ostentado altas responsabilidades gubernativas es una vergüenza en términos democráticos”; otros en están en prisión provisional, “porque además de los delitos que se le atribuyen no quisieron declarar o no generaron confianza en la jueza”; y hay otros con medidas de prisión eludible con fianza.

Tras explicar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal usa tres conceptos para determinar la prisión provisional, como son que pueda fugarse, volver a cometer delitos o destruir las pruebas que puedan ayudar a esclarecer los hechos; el ministro ha señalado que lo que decidió la jueza de la AN ahora “puede ser revisado por el magistrado del TS”.

De esta manera, “si lo que declaran ante el juez del TS a éste le permite asimilarlo con las declaraciones que hace semanas hicieron los miembros de la Mesa del Parlament, quizás acuerde unas medidas equivalentes o quizás no”, pues ha defendido que las medidas que adoptó Lamela en la AN estaban “fundamentadas en derecho, no fueron caprichosas”. “Si las circunstancias cambian, pueden cambiar las consecuencias de los investigados”, ha zanjado.

 

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