La lista de espera, o lo que los expertos llaman el ‘limbo de la dependencia’, es decir, las personas dependientes con derecho a prestación, pero que todavía no la han recibido, ha aumentado en el último mes en 8.031 personas hasta las 319.553 según consta en el último balance del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

“Mientras las administraciones alardean del funcionamiento del Sistema, por primera vez desde hace años, en el último mes se incrementó la lista de espera en las personas que debe atender el Sistema de la Dependencia”, alertan desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios sociales, que lamentan que casi el 40% de las personas desatendidas son dependientes ‘dependientes severos’ y ‘grandes Dependientes’, que suman un total 124.600.

Para esta organización, la consecuencia “más cruel” del mantenimiento por tiempo “ilimitado” de las personas en lista de espera para recibir atenciones, es que “muchas” de ellas fallecen sin haber podido ejercer su derecho reconocido en la Ley de Dependencia. “Cada día mueren 100 dependientes sin recibir prestaciones o servicios a los que tienen derecho”, insiste.

También advierte de que los datos oficiales contenidos en los últimos informes, reconocían que en 2016 se habían producido “más de 40.000 fallecimientos” de personas que, siendo dependientes con derecho a atención, no habían llegado a beneficiarse de las prestaciones y servicios oportunos. “Extrapolando estos datos, se puede estimar que el número de personas fallecidas pendientes de recibir prestación, solo en lo que va de año, asciende a 32.000”, apostilla.

La asociación de Directoras y Gerentes explica que existen “importantes” repercusiones en clave de financiación, ya que el actual ‘nivel mínimo’, recortado en 2012, hace que una comunidad autónoma reciba de la Administración General del Estado una cuantía de 44,33 euros al mes por dependiente atendido de Grado I y de 82,84 euros y 177,86 euros por dependiente atendido de los Grados II y II, respectivamente.

Según señala, las mayores necesidades de apoyo de las personas con grados III y II “hacen que su atención resulte más costosa a las arcas autonómicas”. La razón del “estancamiento” en la reducción de la lista de espera para estos grados podría estar, según esta entidad, en la “incapacidad” financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a los Grado I se está resolviendo “en muchas ocasiones con atenciones de bajo coste”.

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