Foto: Europa Press

La Unidad de Actuaciones Previstas del Tribunal de Cuentas ha resuelto conceder 15 días más de plazo al expresidente de la Generalitat Artur Mas para depositar los más de dos millones de euros que le resta aún pagar como fianza por haber usado fondos públicos para la consulta independentista de noviembre de 2014.

La ampliación del plazo había sido solicitada por el propio Mas tras acreditar ante el órgano de fiscalización contable el ingreso de 2,2 millones de euros, si bien el total de la fianza asciende a 5,25 millones de euros. El nuevo plazo supone 15 días hábiles y cuentan a partir de Mas y el resto de investigados por estos gastos presuntamente irregulares reciban el documento con la respuesta que les ha emitido este tribunal contable.

El escrito de los abogados de Mas pidiendo más plazo se remitió también en nombre del resto de afectados: los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y cinco funcionarios del Govern. En él se solicitaba una ampliación del plazo inicial atendiendo a “los medios económicos de los presuntos responsables” y añadía que con la aportación de este lunes considera demostrda la voluntad de depositar la totalidad.

El letrado también aclaraba en su escrito que la cantidad ingresada tiene únicamente “la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente”, y no tiene el carácter de reintegro, ya que todavía no hay sentencia.

La cifra total reclamada –5.251.948,17 euros– responde a los gastos de la organización del referéndum, unos 4,8 millones de euros, más los intereses generados desde la fecha de la consulta hasta el momento de la imposición de la fianza, que suponen alrededor de 400.000 euros.

El Tribunal de Cuentas impuso el pasado 25 de septiembre esta fianza, con el objetivo de garantizar que se reintegren a las arcas públicas del dinero gastado, en caso de que sean finalmente condenados. El tribunal había fijado inicialmente semana para que los denunciados afiancen las cantidades impuestas, y de no hacerse, procederían al embargo de los bienes de los responsables del 9-N.

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