El directivo de Grupo Cursach, Bartolomé Sbert, habría llamado al director general de Turismo del Ayuntamiento de Calvià, Jaime Nadal, y habría realizado otras llamadas con el objetivo de presionar para paralizar unas obras que estaba realizando una empresa de la competencia.

Así lo revelan conversaciones telefónicas intervenidas por los investigadores recogidas en el sumario de la trama de corrupción policial, cuyo secreto se ha levantado de manera parcial recientemente.

De esta manera, Sbert, junto a Bartolomé Cursach hijo se pusieron en contacto en distintas ocasiones con personal del ayuntamiento para paralizar estas obras. En una ocasión Sbert y el gerente del Grupo Cursach, F.P., comentaron que tenían que hablar con “estos” del Ayuntamiento para paralizarlo.

Asimismo, Sbert también habló con A.T., que finalmente consiguió paralizar la obra, para darle instrucciones y para que fuera al Ayuntamiento para que se dieran por terminadas las obras “sí o sí”, según se recoge en el sumario.

Por otro lado, otras conversaciones desvelan que el ex inspector de la Policía Local de Palma, Antoni Bergas, utilizó sus relaciones y contactos como antiguo miembro de la Policía para buscar la manera de no pagar sanciones o retirar multas a sus conocidos.

Así, habría presionado a la coordinadora general de Infraestructuras, Virgina Abrahams, a quien habría llamado “subnormal” para que permitiesen la instalación de unas pancartas del Grupo Cursach, que habían sido retiradas por sus deficiencias.

También habría amenazado con efectuar una serie de denuncias sobre otros eventos o establecimientos de la competencia si no se doblegaban a sus peticiones.

Según las conclusiones iniciales del juez, Sbert le habría a dicho a Bergas que no cumpliese las amenazas por las repercusiones. Además, se resalta que el estatus de Bergas en la organización del Grupo es tal que se le permite tomar decisiones y asistir a reuniones de alto nivel.

Pinchazos telefónicos revelan un presunto trato de favor a negocios de Cursach por parte de guardias civiles de Calvià

Mediante la intervención de una línea telefónica de un empleado de BCM, los investigadores detectaron “múltiples relaciones con miembros de la Guardia Civil”. Algunos de estos agentes presuntamente informaban al trabajador sobre la presencia de otros guardias civiles en los alrededores de BCM. También se han registrado llamadas del empleado a los guardias civiles cuando requería de alguna intervención.

Asimismo, en distintas conversaciones, los empleados dividen a los agentes de la Guardia Civil refiriéndose a ellos como los “otros” o “los nuestros”.

Las conversaciones telefónicas intervenidas a la línea de otro empleado también pondrían de manifiesto que en negocios del Grupo se producen “supuestos ilícitos de detención ilegal, lesiones y otros delitos conexos” y que “ciertos agentes de la Guardia Civil no están persiguiendo dichos delitos a pesar de tener indicios suficientes”, según recoge el sumario.

Para los investigadores, esto “confirmaría el trato de favor que reciben por parte de la Guardia Civil” tal y como han declarado varios empresarios de Magaluf que aseguraron ser víctimas de acoso por parte del entorno de Cursach.

Estos empresarios denunciaron la comisión, de forma organizada, de delitos de coacciones, amenazas, lesiones, cohecho y prevaricación por parte de empleados de Cursach “en connivencia con funcionarios públicos, en especial Policías Locales de Calvià y Guardias Civiles”, según recoge el juez en un auto del sumario.

También relataron cómo los empleados de Cursach presumían de controlar a la Policía Local de Calvià y a la Guardia Civil, y que de hecho, los perjudicados no habían conseguido “amparo alguno” de estas fuerzas de seguridad tras las múltiples denuncias interpuestas por estos hechos”.

Asimismo, el sumario incluye una línea de investigación dentro de la causa en relación a dos guardias civiles vinculados a una empresa de seguridad privada.

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