La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que tome “de inmediato” las medidas necesarias para evitar que los tribunales y juzgados de Cataluña queden al servicio de la Generalitat si su presidente, Carles Puigdemont, proclama la Declaración de Independencia Unilateral (DUI). Según los juristas, si esto ocurre, se verían perjudicados los derechos de los ciudadanos a tener una justicia justa, así como la independencia judicial y la separación de poderes.

En un manifiesto, la plataforma advierte de los riesgos que para los derechos humanos implicaría que el presidente de la Generalitat declarase la independencia de Cataluña. Explica que la Ley de Transitoriedad aprobada por el Parlamento catalán, y suspendida por el Tribunal Constitucional, señala que una vez declarada la independencia, el Gobierno puede constituir en dos días hábiles su propio Poder Judicial.

El Poder Judicial catalán será constituidos por jueces “afines”, que sustituirán a todos aquellos que no “sean de su cuerda ideológica”, y elegidos por el Parlament. “La separación de poderes y la independencia judicial quedarán anuladas”, enfatiza la plataforma.

En este sentido, pide al Gobierno de Mariano Rajoy, como Poder Ejecutivo, que actúe “de inmediato” con los “instrumentos legales a su alcance”. “El Estado de Derecho en la Comunidad de Cataluña está en peligro, y con él, la libertad y los derechos humanos del conjunto de los catalanes”, subraya.

MARGINACIÓN SOCIAL Y PERSECUCIÓN DE LOS NO AFINES A LA INDEPENDENCIA

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial alerta de que, si esta circunstancia llega a darse, los tribunales de Cataluña se quedarán sin las garantía para impartir “recta e imparcial justicia” y, por tanto, desaparecerá la tutela judicial efectiva, llegando a producirse “condiciones para la marginación social e incluso persecución de todos aquellos que no fuesen afectos al nuevo régimen”.

Los juristas, preocupados por esta situación, llaman al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que adopte un Estatuto Integral de Protección de la Justicia e insta a los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– a que se protejan los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su “ideología o condición social” y que no se “abandone a su suerte” a los que “no se han sumado al alzamiento separatista”.

El PCIJ recuerda que la votación del 1 de octubre fue ilegal porque fue “expresamente” suspendida por el Tribunal Constitucional y que los miembros del Gobierno catalán cometieron presuntamente un delito de desobediencia al llamar a las urnas a los ciudadanos de Cataluña, pese a que fueron apercibidos personalmente por el tribunal de garantías.

“VOTAR NO ES SINÓNIMO DE DEMOCRACIA”

Asimismo, indican que pidieron el voto de los catalanes de “forma fraudulenta” diciendo que era el “ejercicio de la democracia”. “Votar no es sinónimo de democracia, como democracia no lo es de votar cuando uno quiera lo que quiera (*) nuestra democracia, como la de todos los países occidentales, es una democracia representativa, lo que significa que votamos a nuestros representantes cada cierto tiempo y ellos, en sede parlamentaria, debaten y deciden”, explica el manifiesto

En este sentido, la plataforma asegura que los ciudadanos que acudieron a votar lo hicieron a sabiendas de la orden de suspensión y la ilegalidad del acto y reprocha al Gobierno de Puigdemont que el “hecho de que los ciudadanos en masa se concierten para incumplirla, no puede ser utilizado como excusa para no cumplir las órdenes judiciales”.

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