El Gobierno de Mariano Rajoy considera que la “pretendida independencia” de Cataluña generaría unos “efectos económicos de impacto y magnitudes gravísimas” para los intereses de Cataluña y para el interés general de España. Así, subraya que “implicaría aislar una economía” que hoy está “plenamente integrada” en España y la UE, al tiempo que llevaría a “un empobrecimiento” de su economía de entre el 25 y el 30%”.

Así se recoge en la exposición de motivos del decreto de aplicación del artículo 155 que ha aprobado este sábado el Consejo de Ministros en reunión extraordinaria y que se elevará hoy mismo al Senado. La Cámara Alta prevé dar luz verde a esas medidas en un Pleno que se convocará para el 27 de octubre.

El Gobierno justifica en ese documento, que ha recogido Europa Press, la aplicación de ese precepto constitucional en la necesidad de restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes.

Según el Ejecutivo, esos son los cuatro “grandes objetivos” que amparan la aplicación de este procedimiento que se plantea “de forma garantista”, persiguiendo en todo caso “asegurar derechos y no restringir libertades”. El presidente del Gobierno informará este mediodía en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa de las medidas concretas, que ha consensuado con PSOE y Ciudadanos.

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA INDEPENDENCIA

En esa exposición de motivos, el Gobierno destaca que un “objetivo irrenunciable” de las medidas del 155 es “garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y de la recuperación económica”, dado que el proceso soberanista ha “relegado a un papel marginal las necesidades más básicas” de los catalanes, “convirtiendo en la prioridad de la agenda política los requisitos del proceso y no las necesidades de los servicios públicos”.

En este sentido, subraya que las incertidumbres generadas por las aspiraciones soberanistas han propiciado una “amplía desconfianza”, no solo en la propia sociedad sino también en los agentes económicos, provocando el traslado de sedes sociales y fiscales de las empresas, desincentivando inversiones y desmotivando el turismo, que, según recuerda, es uno de los “principales factores de crecimiento en Cataluña”.

Y todo ello, prosigue, sin entrar en que “la pretendida independencia”, generaría una serie de efectos económicos de “impacto y magnitudes gravísimas”, para los intereses de Cataluña y para el interés general de España.

En este sentido, sostiene que, desde el punto de vista comercial, las pretensiones independentistas obvian que supondrían de ‘iure’ el abandono de la Unión Europea y la salida de la Organización Mundial del Comercio, pasando a ser un país tercero a efectos de las relaciones comerciales al que se le aplicarían los derechos autónomos del Arancel Exterior Común, además de controles aduaneros en frontera. “Todo ello supondría una gran pérdida en términos de competitividad, crecimiento y empleo para una economía en la que el comercio exterior supone el 70% del PIB”, avisa.

Desde el punto de vista financiero, prosigue el Gobierno, se obvia que la salida inmediata de Cataluña de la Unión Económica y Monetaria, implicaría la ausencia de representación en los órganos de gobierno de todas sus instituciones, de su amparo y sus beneficios, y en concreto de las facilidades del Banco Central Europeo.

Según el Ejecutivo, ese hecho llevaría a que, “como ya está sucediendo en la actualidad”, las entidades de crédito se reubicasen fuera de Cataluña. Es más, recalca que la salida de capitales junto al empeoramiento del saldo de la balanza comercial en Cataluña, resultaría en un flujo de salida de euros hacia el resto de España y del mundo que impediría la utilización de facto del euro como moneda en Cataluña.

“Incluso la creación de una moneda y un Banco central propios resultaría inviable, por el elevado nivel de déficit público. Se harían irremediables la expansión monetaria, la inflación desproporcionada y la contracción del crédito, con los consiguientes efectos sobre el consumo y la inversión”, alerta el Gobierno.

“TENSIONES PRESUPUESTARIAS EVIDENTES”

Desde el punto de vista de la financiación pública, el Gobierno explica que “las tensiones presupuestarias serían evidentes”. Por el lado de los ingresos, la capacidad recaudatoria sería “muy limitada, en lo funcional y en lo efectivo, por la erosión de las bases imponibles en un contexto de contracción económica, el previsible desplazamiento de personas y domicilios sociales, y la falta de transferencias de España y de la Unión Europea”.

Sin embargo los gastos se verían incrementados, al tener que asumir los hasta ahora sufragados por el Estado español, lo que obligaría a emitir deuda pública en los mercados, hecho que sería cada vez más gravoso en un contexto de recesión en el que, además del sector público, el sector financiero estaría simultáneamente demandando financiación, según añade el documento del Gobierno.

Por todo ello, recalca que la pretendida independencia de Cataluña “implicaría aislar una economía que hoy está plenamente integrada en España, en la UE y en el mundo” y supondría su aislamiento de los flujos financieros, de capitales y comerciales. “Esto llevaría a un empobrecimiento de la economía de Cataluña de entre el 25% y el 30%, resultando una coyuntura económica insostenible”, advierte.

PRESERVAR LOS DERECHOS DE LOS CATALANES

Aparte de restaurar la legalidad, asegurar la neutralidad institucional y garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, el Ejecutivo cifra como cuarto objetivo “preservar los derechos de todos los catalanes”, en un momento en que las autoridades catalanas se arrogan la capacidad de actuar fuera de cualquier norma y ejercer “Un poder sin control y sin límite”.

Por ello, concluye la exposición de motivos del 155 resaltando que es “esencial garantizar íntegramente esos derechos y proteger, especialmente, la libertad, la seguridad y la pluralidad que son consustanciales a un Estado de Derecho y a una democracia avanzada, y a los principios y fundamentos que la Constitución recoge y que, con este procedimiento, se quieren preservar” .

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